La ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, manifestó ayer que
la Comunidad de Madrid «actúa en contra de la salud de los
madrileños», y consideró «grave» que el Gobierno que preside
Esperanza Aguirre «avance» por aspectos que prohíbe la ley del
tabaco.
La ministra recordó que el objetivo de la ley, que entró en vigor
el pasado 1 de enero, es que «cada vez se fume menos; no hemos
querido hacer en la ley distinción entre clases sociales, o que se
permita fumar en un despacho individual o con un balcón, y es grave
que la Comunidad de Madrid avance por ahí».
Salgado se refería a las informaciones periodísticas, difundidas
ayer por rotativos con sede madrileña, que señalan que el decreto
que prepara la Comunidad de Madrid para desarrollar la ley contra
el tabaco estudia, entre otros aspectos, habilitar lugares para
fumadores en los centros de trabajo, lo que prohíbe la ley
estatal.
El ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, advirtió ayer
de que el Ejecutivo estudia otra subida de impuestos al tabaco para
avanzar en la lucha contra el tabaquismo, ya que el último aumento
aplicado demuestra el amplio margen de que disponen las tabaqueras,
que han optado por bajar los precios de sus marcas en vez de
repercutir el alza.
Sin embargo, minutos después de ese anuncio, el error cometido
por treinta diputados socialistas en su votación dio lugar a la
derogación, en el Pleno del Congreso de los Diputados, del Real
Decreto Ley por el que se aumentaban los tipos impositivos del
impuesto sobre las labores del tabaco. Previsiblemente, el Consejo
de Ministros volverá a aprobar hoy el citado Real Decreto y su
convalidación en la cámara baja podría tener lugar en el Pleno del
la próxima semana.
Los hosteleros, por boca del presidente de la Asociación
Nacional de Empresas por la Calidad del Ocio, se mostraron ayer a
favor de que los decretos autonómicos que desarrollen la ley del
tabaco suavicen las separaciones entre zonas de fumadores y no
fumadores, de manera que no haya que realizar necesariamente muros
de hormigón para estos compartimentos. Vicente Pizcueta dijo que
«hay base jurídica y evidencia científica para respaldar»
iniciativas como la de la Comunidad de Madrid, más flexibles
respecto a estas compartimentaciones.
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