Los científicos han constatado una alarmante disminución del grosor de los casquetes polares.

TW
0

EUROPA PRESS-SANTANDER
El Ministerio de Medio Ambiente espera tener concluida para final de año la Estrategia especial de lucha contra el cambio climático, que será el «gran marco de trabajo institucional» para hacer frente a un problema que está produciendo ya «efectos muy notables y visibles» con consecuencias «en ocasiones graves».

Así lo aseguró ayer en Santander el secretario general para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático, Arturo Gonzalo Aizpiri, quien subrayó no obstante que no debe transmitirse un mensaje «catastrofista», porque no lo es. «Lo catastrofista sería que no fuera escuchado (ese mensaje) por quienes tienen capacidad para evitar los peores pronósticos», es decir, los poderes públicos.

El responsable del Ministerio, tras participar en la reunión de la Comisión Ejecutiva de la Red Española de Ciudades por el Clima, aludió en concreto al informe elaborado por expertos de la Universidad de Cantabria que alerta de la regresión que pueden sufrir las costas españolas y de la subida del nivel del mar por efectos del cambio climático.

En su opinión, ese informe es un «primer paso» y se necesitarán más informes «con más detalle y precisión» para conocer la situación y los riesgos con tiempo para poner en marcha estrategias de respuesta. Eso es lo que se pretende, según dijo, con el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, aprobado en el mes de julio.

«Nadie viene a anunciar el Apocalipsis, sino a demostrar que es posible identificar y hacer frente a muchos de estos riesgos, si se toma en serio políticamente, si los ciudadanos lo apoyan y si se adoptan decisiones con suficiente antelación», recalcó el secretario general. Desde su punto de vista lo «imprescindible» es mejorar el conocimiento que se tiene de la situación y plasmarlo, por ejemplo, en los planes de ordenación territorial dejando libres aquellos espacios inundables o que pueden sufrir una regresión. Pero también es fundamental contar con el «mayor consenso institucional y político» y lograr un «pacto social» con la implicación del Estado, las comunidades autónomas y los municipios.