Miles de sentencias judiciales resuelven denuncias sobre el ruido del ocio en España. A juicio de afectados y juristas, esta intervención judicial sería innecesaria si las distintas administraciones, responsables de regular la contaminación acústica, fueran más eficaces.
En sus conclusiones, la institución dirigida por Enrique Múgica, señala que el 95 por ciento de las quejas «presentan casos de funcionamiento irregular, deficiente, insuficiente, ineficaz y directamente ilegal de las administraciones públicas«.
El conato de suspensión de los Carnavales de Tenerife, a instancias de un grupo de vecinos molestos por el bullicio nocturno, pone sobre la mesa un problema, el del ruido procedente del ocio, que un 41 por ciento de los ciudadanos considera como el que más les afecta.
Según un informe sobre contaminación acústica publicado por el Defensor del Pueblo en 2005, en este porcentaje de ruidos motivados por el ocio (41 por ciento) están incluidos los ruidos en bares y pubs (27'3 por ciento de las quejas), discotecas (5'9), salas con música (3'2), fiestas locales (2'1) y música al aire libre (2'9).
Cifras que contrastan con las referidas a los ruidos en los aeropuertos (10'2), calles (8'1) o carreteras (5'6).
En esta misma línea, la defensora del Pueblo de Navarra, María Jesús Aranda, en un informe sobre este asunto presentado el pasado 14 de febrero concluía que, salvo excepciones, «la intervención de las administraciones públicas no está siendo suficiente, por lo que los ciudadanos se ven obligados a recurrir a la vía judicial».
Otro estudio, la Encuesta de condiciones de vida 2005, publicada por el Instituto Nacional de Estadística, recoge que los ciudadanos del 28'8 por ciento de los hogares españoles sufren de forma habitual ruidos producidos por vecinos o procedentes de la calle.
La ley del Ruido promulgada por el ministerio de Medio Ambiente en 2003 en virtud de una normativa europea de 2002, no recoge los ruidos vecinales ni los procedentes del ocio, cuya regulación es competencia de ayuntamientos y comunidades autónomas.
«Nuestra misión es hacer la legislación según la transposición de una Directiva comunitaria, la aplicación de la misma les corresponde a las CCAA y los jueces son los últimos garantes de la ley», asegura a Efe un portavoz del Ministerio de Medio Ambiente.
El ministerio trabaja en la elaboración de un reglamento que completa la ley del ruido de 2003 y el decreto de 2005 y que tiene como objetivo «asegurar unos mínimos comunes de calidad acústica en el ámbito estatal«, agrega la fuente.
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