La Federación Estatal de Profesores de la Enseñanza de Religión (FEPER) anunció ayer que estudian recurrir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que ratifica el despido por la autoridad eclesiástica de una profesora de esta materia porque se divorció y vivía con otro hombre, ya que estima que el Alto Tribunal les «confunde con curas y monjas».
Sobre esta cuestión, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno Fernández de la Vega señaló que lo que ha dictaminado el Constitucional es que la libertad de las confesiones, en este caso la Iglesia Católica sobre los profesores de Religión, no es absoluta y está limitada por los derechos fundamentales de éstos.
Sin embargo, otra asociación de profesores de religión (APPRECE) apoya la sentencia porque los padres de alumnos esperan que estos docentes vivan de acuerdo con los preceptos religiosos. En la Conferencia Episcopal también se ha saludado el sentido de la sentencia.
La decisión del Constitucional está motivada por la remisión, por parte del Tribunal de Justicia de Canarias, del caso de la profesora de religión María del Carmen Galayo Macías, a quienes las autoridades eclesiásticas de la islas no renovaron el contrato por mantener una relación afectiva con un hombre distinto a su esposo, del que está separada.
Según esto, la sentencia considera que el objeto de la enseñanza de esta materia, lo constituye «no sólo la transmisión de unos determinados conocimientos, sino también la fe religiosa de quien la trasmite». En declaraciones a TVE, Galayo expresaba su estupor por la sentencia y señalaba que se estaban «cebando» con ella.
El vicepresidente de la FEPER Luis Guridi, en declaraciones a RNE, puntualizó que la función de los maestros no es dar catequesis o adoctrinar a los alumnos, sino decir lo que la Iglesia piensa», por eso cree que el fallo del TC «va en contra de los derechos fundamentales de los trabajadores de la enseñanza de Religión», ya que, según la sentencia «dependeríamos de la voluntad única, exclusiva y arbitraria de un obispo», señaló.
Además, el fallo reconoce que son «únicamente las iglesias y no el Estado, las que pueden determinar el contenido de la enseñanza religiosa a impartir y los requisitos de las personas con capacidad para impartirla». En este sentido, la vicepresidenta De la Vega mostró su «absoluto respeto» a la decisión judicial, pero señala que la «libertad» de la Iglesia para decidir la idoneidad de los profesores «que establecen los decretos y derechos», no es una «libertad absoluta sino que está sujeta a control judicial y además tiene el límite de los demás derechos», concretó la vicepresidenta.
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