El proyecto de ley de responsabilidad ambiental, aprobado ayer por el Gobierno, obligará por primera vez a las empresas españolas y extranjeras que operan en el país a pagar y reparar todos los daños causados al entorno, con independencia de si hubo «culpa o no», según la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona.
La aplicación de la ley, informó, afectará a 5.000 empresas industriales, a más de un millón explotaciones agrarias, a 30.000 empresas de transporte y a más de mil empresas mineras.
Tras el Consejo de Ministros y acompañada por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, Narbona dijo que la nueva ley hará efectivo el principio de «quien contamina repara», que va más allá de «quien contamina paga», y que pondrá énfasis en la restauración total de los recursos naturales. En consecuencia no será suficiente con una mera indemnización dineraria.
Según Narbona se trata de una ley de responsabilidad «objetiva», es decir, la responsabilidad no dependerá «de si ha habido culpa o no»: se obliga a reparar los daños ocasionados aún cuando no haya comisión de infracción administrativa y se actúe de modo respetuoso con la normativa medioambiental.
Para asegurar que las empresas disponen de los recursos económicos necesarios para hacer frente a su responsabilidad, se les exigirá que cuenten con una garantía financiera, que se introducirá de forma gradual a partir del 2010.
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