Las emisiones de gases de efecto invernadero (CO) en España, principales responsables del cambio climático, se redujeron el pasado año un 4,1 por ciento respecto a 2005 en un contexto de «fuerte» crecimiento económico, ya que el PIB aumentó un 3,9 por ciento.
Sólo en 1994 se registraron cifras similares, pero la diferencia en 2006 es el importante crecimiento económico y del empleo, junto al incremento de la población, lo que hace, según CCOO, que se pueda calificar la cifra de «histórica».
Así lo manifestaron los responsables de Medio Ambiente de CCOO, durante la presentación del informe anual de la evolución de las emisiones de CO2 en España (1990-2006), cuya reducción este año supone «el mejor resultado desde 1990».
La reducción, según CCOO, se puede deber a las políticas adoptadas por el Gobierno, pero principalmente al aumento de la producción hidráulica y, sobre todo, al de los precios del petróleo y de otros combustibles como el carbón o el gas.
Joaquín Nieto, secretario confederal de Medio Ambiente de CCOO, y José Santamarta, director de la edición española de la revista «World Watch», señalaron que, no obstante, a pesar de la importante reducción, las emisiones han aumentado un 48,05% desde 1990. Este incremento triplica el 15 por ciento de aumento de emisiones que tiene autorizado España en el Protocolo de Kioto de lucha contra el cambio climático para el periodo 2008-2012, lo que sitúa a nuestro país «lejos aún» de su cumplimiento. Nieto recordó que ese 15 por ciento se aumentó hasta un 37 debido a los 20 puntos de reducción a lograr en terceros países a través de los mecanismos de flexibilidad y dos puntos más por mejora en la gestión de los sumideros de carbono, previstos en el Protocolo.
No obstante, apuntó que el 1 de enero de 2008 comienza a contar Kioto, por lo que España en esa fecha debería aumentar sus emisiones como máximo un 37%, cuando en el mejor de los casos estará por encima del 40%. El cumplimiento de Kioto va a suponer para España un coste mínimo de 700 millones de euros al año (3.500 millones hasta 2012), principalmente debido a los mecanismos de flexibilidad (adquisición de derechos de emisión en terceros países) y de desarrollo limpio, que sufragarán un 60 por ciento el Estado y un 40 por ciento las empresas.
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