Un pequeño refugiado procedente de Darfur juega al fútbol en el campo de refugiados de Bredjing, en el Chad. Foto: S.MORRISON/EFE

Un pequeño refugiado procedente de Darfur juega al fútbol en el campo de refugiados de Bredjing, en el Chad. Foto: S.MORRISON/EFE

03/05/07 0:00
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OTR/PRESS-LA HAYA/KHARTOUM
En su primera actuación sobre el conflicto de Darfur, el Tribunal Penal Internacional ordenó ayer arrestar al ex secretario de Estado del Interior sudanés Ahmed Harun, y al comandante de la milicia Yanyaweed, Ali Kushayb, por ser sospechosos de haber cometido crímenes de guerra en la región sudanesa de Darfur durante los años 2003 y 2004. El Tribunal situado en la ciudad holandesa de La Haya encontró motivos «razonables» para creer que los acusados son los responsables de asesinatos, violaciones, torturas y otros crímenes contra la humanidad.

En la resolución emitida ayer por el Tribunal Penal Internacional, el fiscal del caso, el argentino Luis Moreno-Ocampo, señaló que «no sólo se ha podido comprobar la conexión existente entre Harun y Kushayb, sino que se ha demostrado la operación encubierta que permitía masivos crímenes contra civiles aun conociendo que no estaban involucrados en el conflicto», al oeste de Darfur, región que en la actualidad sufre una hambruna sin precedentes. De lo que definitivamente se acusa al ex secretario del ejecutivo sudanés es de armar a la milicia Yanyaweed para la represión de Darfur, región secesionista del país.

Por su parte, el ministro de Justicia sudanés, Mohamed Ali al-Mardi, ya advirtió el martes que «el Gobierno no tiene intención de entregar a los sospechosos» y añadió que su postura es muy clara: «El Tribunal Penal Internacional no puede asumir la jurisdicción de juzgar a ningún sudanés fuera del país».

La respuesta del fiscal Moreno-Ocampo no ha tardado en llegar advirtiendo al Gobierno sudanés de que «en su condición de Estado territorial, el ejecutivo tiene el deber legal de arrestar tanto a Ahmad Harun como a Ali Kushayb« ya que «es una decisión del Tribunal Penal y el Gobierno debe respetarla».

Por otro lado, el fiscal destacó que «la investigación se ha llevado a cabo en muy complicadas circunstancias, fuera de Darfur y sin tener la oportunidad de exponer la opinión de nuestros testigos», desde que el pasado febrero citara a los sospechosos, acusados de 51 cargos de crímenes de guerra y contra la humanidad.