La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció ayer que la dotación de la Ley de Dependencia para 2008 será de 1.642 millones de euros, y para 2009 llegará a los 2.463 millones de euros.
La Ley de Dependencia establece el derecho de todas las personas mayores o discapacitadas que no se pueden valer por sí mismas a ser atendidas por los poderes públicos.
Estas cuantías, aportadas entre el Estado y las comunidades autónomas, son «el doble y el triple», respectivamente, de la cantidad comprometida para este año, que asciende a 821 millones de euros, precisó la vicepresidenta.
De la Vega hizo este anuncio en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros que ayer aprobó el Real Decreto que regula los servicios y las cuantías de las prestaciones económicas que recibirán las personas dependientes.
Con esta norma, que fue acordada en el Consejo Territorial de la Dependencia el pasado 9 de mayo y dictaminada por el Consejo de Estado, se completa el desarrollo reglamentario básico de la Ley de Dependencia, que incluye el baremo o grado de dependencia, la financiación, las cotizaciones de los cuidadores familiares y los servicios y prestaciones.
De acuerdo con la ley, el sistema garantiza a estas personas el acceso a los servicios sociales (ayuda a domicilio, centros de día, teleasistencia, plazas residenciales) o a las prestaciones económicas que necesiten.
Durante este año, el primero de aplicación de la ley, sólo las personas evaluadas como grandes dependientes (unos 200.000 en toda España) tendrán garantizada la atención. Los servicios que recibirán estos ciudadanos, que se recogen en el Real Decreto aprobado ayer incluyen la teleasistencia, ayuda a domicilio (entre 70 y 90 horas mensuales garantizadas para los casos más graves), plazas en un centro de día o de noche y en residencias, y prevención y promoción de la autonomía personal.
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