No obstante, Martínez Camino precisó a preguntas de la prensa que «claro» que la objeción de conciencia es una de esas medidas legítimas, en el sentido de acordes con el ordenamiento legal, y «no está excluida».
La declaración que aprobó ayer «por unanimidad» la Comisión Permanente de los obispos indica que el objetivo de Educación para la Ciudadanía es la «formación de la conciencia moral de los alumnos» a la vista de los Reales Decretos de Enseñanzas Mínimas de Primaria y Secundaria, lo que «confirma» la publicación de las disposiciones autonómicas y «algunos manuales» de la materia. El portavoz de la CEE afirmó que el contenido de la asignatura se basa en la «ideología de género y el relativismo» moral, filosófico e ideológico, «en el todo vale», que es «una opción moral», pero «inmoral», sin que se mencione la palabra «verdad» ni la trascendencia del ser humano. Ante esto, «los medios concretos de actuación de los que disponen los padres y los centros educativos son diversos», lejos de «posturas pasivas» y «acomodaticias», aunque los obispos, asegura la declaración, no han querido mencionar «ninguno en particular».
Insistió en que hay «muchas formas técnicas jurídicas para responder», no excluyentes si son legítimas, complementarias y que se pueden ejercer simultáneamente, sin que la CEE «descienda a tal o cual» y «sin ningún orden de preferencia».
Negó que el documento sea de «mínimos» porque haya algunos obispos que ya han defendido públicamente la objeción, sino que es «de máximos».
Preguntado por los contenidos concretos que rechazan los obispos, Martínez Camino se remitió a los Reales Decretos para reiterar que su «objetivo declarado es la formación de la conciencia moral, lo dicen».
El Estado «impone a todos», prosiguió, una formación que corresponde a los padres y eso es «inaceptable» y «gravísimo», incluso si los contenidos fueran los de la Religión católica.
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