El Gobierno estudiará a fondo y con todas sus consecuencias las denuncias de abusos y malos tratos a menores inmigrantes no acompañados en centros de acogida de Canarias que esta misma semana ha hecho la organización humanitaria internacional Human Rights Watch (HRW) en base a las denuncias de niños y adolescentes internos en estos centros. Así lo anunció ayer el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, que aseguró que varios ministerios estudiarán el caso, aunque dejó claro que, según la Fiscalía, «no ha habido ningún abuso».
El ministro no concretó qué ministerios se implicarán en la investigación que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero abrirá a raíz de las denuncias de HHRW. Sí que dejó claro, en declaraciones a CNN+ recogidas por OTR/Press, que en caso de comprobarse la veracidad de las denuncias se hará caer sobre los culpables todo el rigor de la ley. Ahora bien, de momento, dejó claro que se investigará «lo que se dice que ha ocurrido en Canarias, que según la Fiscalía no es tal, por tanto, no ha habido ningún abuso».
«Lo digo porque los españoles también nos merecemos un respeto», remachó. El informe de HRW, de 128 páginas y titulado, 'Responsabilidades no bienvenidas: España no protege los derechos de los menores extranjeros no acompañados en las Islas Canarias' documenta cómo los menores permanecen en estos centros por períodos de tiempo ilimitados, a menudo en condiciones pobres y de masificación.
Los niños declararon a Human Rights Watch que habían sufrido palizas por parte de miembros del personal, y que no habían sido protegidos de la violencia ejercida por sus compañeros.
«Las autoridades españolas deben proteger a estos niños y no dejarlos sufrir palizas ni abusos», indicó Simone Troller, investigadora de HRW para los derechos de los niños en Europa. «El Gobierno canario debe cerrar estas instalaciones y trasladar estos niños a centros de acogida mejores», añadió, aunque el informe apunta que las autoridades canarias y el Gobierno español no ofrecen hoy por hoy ninguna solución para los menores que continúan en esos centros.
El traslado de 500 menores a mejores centros en la península, en el marco de un acuerdo negociado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, ha aliviado sólo parcialmente la presión que sufren los servicios de protección canarios. Además, la medida ha discriminado a los menores marroquíes, que no han sido seleccionados para los traslados, según sostiene este organismo.
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