Los conductores españoles han perdido ya 4.033.999 puntos desde la entrada en vigor del nuevo permiso de conducir, el 1 de julio de 2006, aunque hay otros cuatro millones y medio de puntos -4.596.126- que siguen pendientes de ser retirados, bien porque la denuncia se está tramitando o porque se ha recurrido.
Precisamente la semana pasada el propio ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunció que el Gobierno se propone cambiar el sistema de gestión de multas de tráfico para que el efecto reeducador de las sanciones sea lo más eficaz e inmediato posible y la pérdida de puntos «esté lo más cerca posible» de la infracción.
Según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), desde julio de 2006 y hasta el 6 de junio pasado se han instruido 1.264.220 sanciones firmes con detracción de puntos, pero quedan pendientes otras 1.408.633 denuncias.
Por tipo de infracciones, el exceso de velocidad ocupa el 'número uno' del ránking, con 530.163 denuncias; el uso del teléfono móvil al volante, con 173.716 sanciones, seguido de la conducción bajo los efectos del alcohol, con 155.802 infracciones detectadas.
Le sigue en el listado no usar el cinturón de seguridad o el casco, con 136.902 denuncias desde julio de 2006.
El permiso de conducir por puntos establece una intensidad variable de las sanciones en función de la gravedad de las infracciones cometidas.
Así, conducir bajo los efectos del alcohol conlleva la pérdida de 4 a 6 puntos, dependiendo del grado de intoxicación alcohólica.
Algo similar ocurre con los excesos de velocidad, que van desde los 2 hasta los 6 puntos, en el caso de superar en más de un 50 por ciento la velocidad máxima permitida.
Por otra parte, los accidentes de tráfico cuestan alrededor de 16.000 millones de euros al año a la sociedad española, una cifra que equivale al 2 por ciento del Producto Interior Bruto de España, según se desprende de un estudio realizado por la Fundación Instituto Tecnológico para la Seguridad Vial (Fitsa) y la Universidad Politécnica de Madrid.
Según el documento, cada fallecido supone un importe económico de 860.000 euros, mientras que el dinero invertido en una persona lesionada se cifra en 10.400 euros.
Para la realización del informe los autores han valorado los costes materiales, médicos, administrativos y la pérdida de productividad de la víctima.
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