Industria anuncia «contundencia» en la sanción por la fuga en la central de Ascó

El Gobierno actuará «con contundencia» en referencia a la sanción que se le impondrá a la central nuclear de Ascó I, por la fuga de partículas radiactivas, según explicó ayer en Murcia el ministro de Industria, Miguel Sebastián, quien confirmó que a primeros del próximo mes el Ejecutivo abrirá «un expediente sancionador» tal y como solicitó el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que propuso una multa de hasta 22'5 millones de euros.

En este sentido, Sebastián dejó claro que «se seguirán las recomendaciones que diga el Consejo», ya que, puntualizó, «lo importante y lo que demandan los españoles es que la energía nuclear sea lo más segura posible» Sebastián explicó que su departamento está a la espera de conocer el informe del CSN.

Con este documento el Ministerio iniciará un expediente, que se abrirá en septiembre, tras lo cual tendrán «un año para resolverlo». Aun así, afirmó que no esperarán «tanto tiempo» y que la intención de su equipo es «cerrar lo antes posible» este asunto. En este sentido, adelantó su postura ante esta situación, que pasará por la «contundencia en la sanción a la empresa si se considera, como así ha dicho el Consejo, que ha habido una falta grave en el desarrollo de su actividad».

«Estemos a favor o en contra de la energía nuclear, todos estamos de acuerdo en que la energía nuclear tiene que ser segura, y si es segura es que no puede haber manipulación ni ocultaciones», aseguró.

Sebastián, quien hizo estas declaraciones desde Murcia, dejó claro que «se seguirán las recomendaciones que diga el Consejo», ya que, puntualizó, «lo importante y lo que demandan los españoles es que la energía nuclear sea lo más segura posible».

Le tocaba al Ejecutivo 'recoger el testigo' sobre el caso de la central de Ascó I, después de que el pleno del CSN acordara el lunes por unanimidad proponer la apertura de un expediente por seis sanciones, una de ellas máxima, que podrían suponer una multa de hasta 22'5 millones de euros, debido a la detección de partículas radiactivas en la instalación que el titular tardó en comunicar cinco meses. Sería la sanción máxima impuesta nunca a una central nuclear en España.