La Policía Nacional ha detenido a diez empleados públicos destinados en la Oficina de Extranjería, entre ellos tres policías y un funcionario, por su presunta implicación en una red de estafa a inmigrantes en Almería. A todos ellos se les imputa un presunto delito de cohecho por «agilizar» la tramitación de las tarjetas de trabajo y residencia a cambio de dinero.
La denuncia de la que deriva esta actuación del servicio de investigación interna del Cuerpo Nacional de Policía, y que ha permitido la desarticulación de la red, partió de un empleado de la Oficina de Extranjería de Almería, quien comunicó las presuntas irregularidades de forma directa a la Dirección General de Madrid.
Según las primeras investigaciones, la presunta red de estafa, integrada por personas con un largo historial de servicio y en segunda actividad, aprovechó las listas de espera de hasta dos meses para obtener tarjetas y permisos de residencia y trabajo en España para ofrecerse a agilizar los trámites a cambio de una remuneración económica. Los pagos realizados todavía no han trascendido.
No obstante, fuentes de la investigación explicaron que, por el momento, los precedentes de «una relación muy tensa» entre el policía que ostenta la Jefatura de Almería y el denunciante, y sus «malas relaciones» con el resto de implicados, aconsejan poner la veracidad de los hechos «en cuarentena». Además, expresaron su desacuerdo con esta intervención, que calificaron de «calamitosa» porque, a su juicio, «en el peor de los casos se trataría de una sanción administrativa».
Dos de los tres agentes del Cuerpo Nacional de Policía y parte de los funcionarios detenidos durante la operación se negaron a responder a las preguntas de los efectivos del servicio de investigación interna desplazados desde Madrid, emplazando su declaración a la jornada de hoy, cuando está previsto que pasen a disposición del titular de Juzgado de Instrucción número 6 de la capital, encargado de la actuaciones. Entre ellos se encuentra un subinspector de policía al mando de la unidad destinada a la Oficina de Extranjería. El subdelegado del Gobierno en Almería, Miguel Corpas, pidió «prudencia», con el objetivo de «favorecer» que la operación se desarrolle con la «máxima normalidad».
La directora general de Inmigración del Ministerio de Trabajo e Inmigración, Marta Rodríguez-Tarduchy aseguró que si esas supuestas irregularidades se confirman, serán «todo lo contundentes que la actuación se merece».
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