La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, trasladará a la Comisión de Salud Pública la recomendación del titular de Educación, Àngel Gabilondo, para incluir al profesorado dentro de los grupos de riesgo -como menores de catorce años, embarazadas, personal sanitario o bomberos- susceptibles de recibir la vacuna contra el virus de la gripe A.
Tras un encuentro entre ambos ministros para evaluar las consecuencias de la gripe A en los centros escolares y coordinar las actuaciones pertinentes, Jiménez aseguró, además, que siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), «hoy por hoy» no se va a proceder en España a retrasar el inicio del curso escolar ni a cerrar colegios en el caso de que se produzcan contagios.
Igualmente, precisó que hasta que España reciba la vacuna, se va a proceder en los centros escolares a difundir campañas de información, así como de vigilancia y control de aquellos alumnos que presenten síntomas del virus. En estos casos, según comentó, las autoridades sanitarias de cada comunidad autónoma determinarán el tratamiento, bien permanecer en casa con el tratamiento indicado durante siete días, bien proceder a su hospitalización en caso de que el niño presente complicaciones. No obstante, el Ministerio de Educación convocará próximamente reuniones con las asociaciones de padres y con los órganos rectores educativos.
«Este protocolo de actuación es el mismo que el que se ha seguido en los campamentos de verano, donde se han producido contagios», indicó la ministra, para explicar que el Gobierno no retrasará el inicio del curso porque «no quiere que se altere la vida de los niños, tampoco el orden de los centros escolares, ni el ritmo de las familias». Por otra parte, la asociación de Independientes de la Guardia Civil (IGC) reclamó a la ministra de Sanidad que se incluya a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas y los funcionarios de Justicia dentro de los grupos de riesgo susceptibles de ser vacunados este otoño contra el virus de la gripe A, igual que se hará con los funcionarios de la Sanidad y los de Educación.
Si se extendiera la epidemia entre los profesionales de las Fuerzas de Seguridad y de las Fuerzas Armadas, «España tendría un gravísimo problema, que en caso de considerarse una calamidad pública, supondría que ante un estado de excepcionalidad», afirma la asociación en un comunicado.
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