Óscar, en silla de ruedas con sus padres y la representante de Stop Desahucios. | Click

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Óscar es un niño que estudia primero de Bachiller –por la COVID-19 lo hace por internet–, que tiene una discapacidad del 75 %, que padece 11 enfermedades crónicas, que ha sufrido 26 operaciones, y que vive con sus padres en una habitación de ocho metros cuadrados, en la que hay dos camas, una de 1,30 y la otra de 0,80; habitación que les ha prestado un miembro de Stop Desahucios.

No les estamos contando una película, sino algo que sucede en Palma hoy. Para llegar hasta aquí debemos remontarnos a la crisis de 2008, en la cual redujeron la jornada laboral al padre de Óscar y, por ende, el sueldo, lo cual hizo que no pudiera pagar el alquiler de la casa donde vivían.

El problema, en parte, se solventó llegando a un acuerdo con el dueño al que irían pagando menos, pero que no dejarían de hacerlo hasta abonar toda la deuda, que empezó a amortizarse años después, cuando le volvieron a pagar la jornada completa. Entonces, el padre abonaba la mensualidad y una parte de la deuda.

En diciembre de 2018, cuando llevaba ya pagado el 75 % de esta, el propietario del piso le denuncia por impago de alquiler, recibiendo la correspondiente demanda de desahucio, con la cual se presenta en la oficina antidesahucios del Ajuntament de Palma, que le dice que no puede pagar esa deuda sugiriéndole que intente un acuerdo con la propiedad. Pero ese acuerdo no ha lugar, ejecutándose el desahucio el 10 de diciembre de 2019.

Posibles soluciones

Lo grave, señalan desde Stop Desahucios, es que el Ajuntament no ha querido incluirlos en la lista para conseguir una vivienda municipal al enterarse de que habían rechazado una casa, lo cual –manifiestan desde Stop Desahucios– que no es cierto.

«Ante esta situación –cuenta–, la citada Oficina Antidesahucios de Cort y los servicios sociales ofrecen a los padres de Óscar, y a él, un día en un centro de acogida familiar, y al día siguiente que el niño quede tutelado y los padres pernocten en un albergue».

Naturalmente, han dicho que no. Se niegan a separarse. A todo esto, la defensora del ciudadano se ha ofrecido a mediar con el Ajuntament y a la familia hacerle un informe por si lo quiere denunciar. Mientras tanto, los tres siguen viviendo en una habitación, el padre, Marcin, cobrando la prestación de desempleo y la madre, Monika, que no trabaja por estar dedicada a su hijo, 268 euros por este concepto.