EditorialPalma22/10/09 0:00
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La imputación de la presidenta del Parlament, Maria Antònia Munar, por el llamado 'caso Can Domenge' mediante una providencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) es, en principio, una consecuencia lógica de la instrucción de este asunto en el que se trata de averiguar las razones por las que el Consell de Mallorca "institución que ella presidía" adjudicó, durante la pasada legislatura, un proyecto urbanístico a una empresa en un concurso en el que el Consell "con el aval de sus técnicos" valoró los terrenos en los que se debía ejecutar muy por debajo de lo que ofertó otra empresa, Núñez y Navarro. La querella presentada por el grupor liderado por el ex presidente del Barcelona FC, "propietario del solar de Gesa en la fachada marítima y cuyo plan para construir viviendas de lujo no se ha podido llevar a cabo al haber protegido el Consell el edificio de la compañía eléctrica" fue la desencadenante de todo el proceso judicial.

La providencia del TSJB no explica las razones de la imputación de Munar en el 'caso Can Domenge', al igual que la del entonces portavoz del PP en el Consell, Fernando Rubio. Ambos se suman a una relación de políticos que ocuparon cargos de la máxima responsabilidad en la gestión de este organismo entre el 2003 y 2007, como Miquel Àngel Flaquer, Bartomeu Vicens y Miquel Nadal, vinculados a UM. Los políticos implicados coinciden en destacar que se limitaron a rubricar con su firma y sus votos una adjudicación que tenía todos los informes técnicos favorables, incluso en lo referente a la valoración de los terrenos, aunque la valoración posterior de los peritos de la Agencia Tributaria dobla la realizada por el Consell.

Una imputación no lleva implícita una culpabilidad, que sólo determinarán los jueces al final del proceso, pero no se puede obviar la gravedad política que significa el que la segunda autoridad de Balears, la presidenta del Parlament, esté involucrada en un tema de estas características.