EditorialPalma08/11/21 8:09
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La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño (PSOE), insta a acelerar la reforma laboral antes de acabar el año para recibir los fondos europeos, pero elude hablar de la derogación del marco que rige actualmente las relaciones laborales, aprobado por el Partido Popular en julio de 2012. Al mismo tiempo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (Unidas Podemos), califica de ‘fetiche político' la reforma laboral, señala que el Gobierno de Pedro Sánchez «suprimirá algunos aspectos» y afirma que «técnicamente» no se puede eliminar la norma en vigor de manera completa. Todo ello poco después del anuncio, difundido desde La Moncloa, de un acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos para cerrar la crisis entre las dos formaciones y derogar la reforma del PP, según lo pactado en 2019 en el acuerdo de gobierno de coalición.

Renuncias del Gobierno Sánchez.

No será anulada la reforma tras renunciar el Gobierno a limitar al 15 por ciento la contratación temporal y sopesar fórmulas por sectores para reducir los contratos eventuales. Una renuncia que se produce tras advertir la CEOE del impacto de esta medida en negocios con gran estacionalidad como la hostelería, lo que afecta directamente a Balears. Tampoco se prevé tocar la cuantía de las indemnizaciones por despido improcedente, que pasó de 45 a 33 días con un tope de 24 mensualidades, que provocó una gran protesta y movilización de los sindicatos y partidos de izquierda contra el Gobierno del PP.

Recursos de la UE para la reactivación.

El Gobierno Sánchez no puede seguir enredado en juegos semánticos porque, además de su credibilidad, se juega los recursos de la UE para el Plan de Recuperación remitido a Bruselas. Ha de cerrar un pacto a cuatro bandas: PSOE, Unidas Podemos, empresarios y sindicatos, porque está en juego la reactivación económica y la reducción de la temporalidad y la precariedad en el mercado laboral de España.