EditorialPalma14/06/22 8:41
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Ya la primera jornada del juicio de lo que ha venido a denominarse caso Cursach ha sido todo menos intrascendental. Tras la sesión inicial de la vista, el tribunal conformado por las magistradas Samantha Romero, Rocío Martín y Gloria Martín se enfrenta a una primera disyuntiva de calado: dar continuidad a la farsa iniciada por el juez Manuel Penalva y Miguel Ángel Subirán –ambos imputados ahora prevaricación, detención ilegal y amenazas a testigos– durante la instrucción de la causa; o, por contra, atender a la petición de las defensas, contrastar sus argumentos y anular todo el procedimiento.

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Seis acusados menos tras la primera jornada del macrojuicio

Testimonios falsarios.

La sesión de este lunes concluyó con media docena de acusados exculpados, la abogacía de la Comunidad Autónoma abandonando el proceso y las magistradas deliberando sobre las ocurrencias de la acusación particular encarnada por la abogada de la prensa rosa Teresa Bueyes, partidaria de las tesis de Penalva y Subirán y contraria a la modificación a la baja de la acusación por parte del fiscal Carrau, al concluir éste que parte de la acusación primigenia derivaba de manifestaciones testificales no sólo inverosímiles sino claramente falsarias.

Juicio con garantías.

El resultado de la mencionada deliberación no es una cuestión menor, ya que podría implicar la devolución del caso al juzgado de Instrucción para, según Bueyes, ampliar más si cabe el objeto del juicio. La eventualidad obligaría a archivar todo el caso y, paradójicamente, entroncaría con la demanda de las defensas de declarar nulo todo el proceso judicial iniciado por el juez y el fiscal hoy imputados por faltar conscientemente a los deberes de su cargo, dictando a sabiendas resoluciones injustas. La manera de hacer de Penalva y Subirán, tal y como sostienen los abogados defensores, contamina todo el procedimiento e impide la celebración de un juicio con garantías para los acusados. Es decir, un juicio justo.