Los últimos informes del Ajuntament de Palma constatan la ampliación de los puntos donde se ejerce la prostitución, además de revelar la consolidación de la tendencia a su ejercicio en pisos e incluso de manera individualizada; circunstancia que incrementa la vulnerabilidad de las personas involucradas. El hecho de que la calle haya dejado de ser el punto de contacto habitual, lo cierto es que esta invisibilidad no puede interpretarse como un avance hacia su desaparición; al contrario, los datos apuntan a un incremento de la actividad y al uso cada vez más frecuente de las redes para garantizar el anonimato de los usuarios.
Un problema social.
La situación en la que se encuentra Palma no se puede considerar excepcional, el turismo genera –por desgracia– demanda vinculada a la prostitución; tal y como señalan los expertos. Mientras se plantean distintas fórmulas para su control, todavía sin propuestas concretas en la agenda legislativa del Gobierno, la prostitución es un grave problema social con numerosos aspectos. La trata y la explotación sexual podría ser la punta del iceberg de una actividad en la que están involucradas centenares de personas, incluso menores de edad, por razones muy diversas.
Garantizar la protección.
Mientras se está a la espera de un marco jurídico nuevo en nuestro país, resulta inexcusable que las instituciones implicadas velen por la protección de las personas más vulnerables. Asegurar la asistencia social y sanitaria, además de perseguir a los responsables de la trata, debe figurar entre las prioridades de los organismos encargados de su control y vigilancia. Desde la policía hasta los servicios sociales se debe trabajar de manera coordinada para que cualquier persona que ejerce la prostitución –por decisión propia– tenga garantizada su protección y canales eficaces para su abandono si así lo considera.
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