Editorial29/09/22 3:59
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Una de las principales exigencias de la Unión Europea a España para recibir los recursos Next Generation UE consiste en llevar a cabo una reordenación y modernización del confuso y enmarañado sistema fiscal para conseguir la necesaria suficiencia económica que garantice una prestación eficaz de los servicios públicos. El informe de 800 páginas entregado en marzo pasado por el ‘comité de sabios' nombrado por el Gobierno para definir esta reforma fiscal advierte que es necesario un ajuste, previo y racional, del gasto público en un escenario de endeudamiento de todas las administraciones. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, descartó cualquier subida de impuestos hasta que se haya concretado un sistema tributario «más equitativo, progresivo y justo». La propuesta de los expertos incluye, además de luchar contra el fraude fiscal y disminuir las desigualdades a través de herramientas tributarias, la modificación de la capacidad normativa de las comunidades autónomas con el objetivo de «mantener la coordinación» en todo el territorio español.

Guerra fiscal entre autonomías
Ante las convocatorias electorales del próximo año, asistimos a una guerra fiscal entre autonomías, con la supresión del Impuesto de Patrimonio y la deflactación de la tarifa del Impuesto de la Renta, que constituye un desafío al Gobierno PSOE-Podemos. Las reducciones aprobadas por Madrid y Andalucía, gobernadas por el PP, suscitaron enorme inquietud entre las autonomías donde gobierna la izquierda, y especialmente entre los barones socialistas.

Pacto a favor de las clases medias
El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig (PSOE), abre un nuevo escenario al deflactar la cuota autonómica del IRPF para reducir la carga fiscal que soportan las clases medias. Corresponde al Gobierno convocar a todos los gobiernos regionales para pactar una reforma fiscal y evitar agravios entre las comunidades. Balears debe pronunciarse y participar.