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Dos operaciones policiales han logrado desbaratar sendas tramas de compra de votos por correo en Melilla y Mojácar (Almería), las cuales se han saldado con un total de diecisiete personas detenidas; algunas dirigentes de la formación como es el caso de Coalición por Melilla que también forma parte del gobierno de la ciudad autónoma. En la localidad andaluza, algunos de los detenidos están vinculados al PSOE, formación que los ha suspendido de militancia de manera cautelar. Lo ocurrido es una prueba de la necesidad de extremar el control institucional sobre todo el proceso electoral para garantizar su transparencia.

Un voto decisivo.

Caer en la tentación de intentar decantar el resultado final de unos comicios mediante el voto por correo no es una práctica novedosa, muchos partidos tratan de rentabilizar los votos aprovechando algunos resquicios legales; en especial cuando un escaso margen de papeletas puede suponer la victoria o la derrota. Sin embargo, lo ocurrido en Melilla y Almería deja en evidencia la existencia de toda una organización destinada a comerciar con el voto por correo; por fortuna las denuncias ciudadanas y la eficacia de la Policía Nacional y la Guardia Civil han logrado su desactivación.

Aumentar los controles.

Lo ocurrido en Melilla y Mojácar deja en evidencia la endeblez del sistema actual, de la facilidad con la que se pueden manipular unos resultados electorales a base de ofrecer euros a cambio de votos. Es inadmisible. Además de exigir que se aclaren todas las responsabilidades de las personas implicadas, es preciso lanzar un mensaje de confianza al conjunto de los electores; la limpieza de unos resultados no puede estar bajo sospecha en ningún momento. Es preciso endurecer las penas de los autores, pero también de aquellos ciudadanos que se han convertido en cómplices de este gravísimo delito electoral.