EditorialPalma14/12/23 0:29
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El estudio del Observatori Social de Balears, titulado Habitatge i exclusió residencial a les Illes Balears, desvela una conclusión demoledora: el precio de la vivienda es la principal causa de exclusión social en las Islas. Hay que recordar que es precisamente aquí donde se encuentran los alquileres más caros y que buena parte de los residentes tienen serias dificultades para poder pagarlos y en el peor de los casos tienen que resignarse a vivir en infraviviendas. El análisis advierte de los peligros, que ahora constatamos más que nunca, de la especulación salvaje en el mercado inmobiliario. La fuga de médicos, funcionarios o especialistas en distintas ramas laborales es una de las consecuencias de esta aterradora dinámica, que si no se corrige a tiempo, puede llegar a cambiar para siempre Mallorca, tal y como la conocemos. No se puede permitir, pues, que la vorágine de precios engulla a una parte de la población y convierta la Isla en un territorio solo al alcance de una minoría con alto nivel adquisitivo.

La responsabilidad política.

En consecuencia, ante este panorama, es indispensable que las administraciones tomen cartas en el asunto de forma urgente y contundente. De hecho, el Govern aprobó semanas atrás una ley de la vivienda para combatir la crisis habitacional y hay que conceder un margen para comprobar sus resultados, que serán siempre a medio y largo plazo. El problema viene de lejos y sucede sobre todo en Palma y en Eivissa.

Hogares vulnerables.

No se trata, con todo, de una emergencia local o incluso nacional. La Unión Europea ya ha advertido que los precios de viviendas y alquileres se están disparando hasta límites que no pueden ser asumidos por los hogares más vulnerables. El mercado inmobiliario desorbitado puede paliarse, en parte, con la construcción de viviendas sociales asequibles, pero el problema es más mucho profundo y es necesario tejer un plan en el que intervengan todos los agentes implicados.