EditorialPalma15/02/24 0:30
TW
5

Al margen del debate que se ha generado en torno a la polémica expulsión del entrenador del Petra de categoría alevín durante un partido ante el Cardassar Atlètic, por dirigirse a la árbitra en catalán, hay que calificar de intolerable que la colegiada Laura Santos esté recibiendo en las redes sociales un aluvión de amenazas, insultos y descalificaciones, que la han llevado a interponer una denuncia. De hecho, es ahora el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional el que está investigando el caso, que podría ser constitutivo de tres delitos: amenazas de muerte, de odio y coacciones. La avalancha de improperios fue tal que la colegiada tuvo que suspender sus cuentas.

El rastro en internet

En cualquier caso, hay que destacar que este acoso digital no saldrá gratis a los implicados. En este sentido, hay que destacar que los ataques en internet siempre dejan un rastro en forma de dirección de IP y que la Policía Nacional y la Guardia Civil, a través de sus equipos especializados, pueden seguir esas pistas hasta dar con los autores. Las multas y sanciones son duras, por lo que es más que previsible que este lamentable episodio acabe con numerosos cibernautas condenados. La mayoría se ha amparado en el supuesto anonimato de cuentas con pseudónimos y nombres falsos, sin reparar en el detalle de las IP.

No es un caso único

Sea como fuere, el acoso a la árbitra no es un caso aislado. En los últimos años, los juzgados de la Isla han dictado numerosas condenas contra particulares –algunas de ellas muy severas– que han atacado a otros a través de las redes sociales. En algunos casos, el acoso ha sido tal que ha acabado afectando la salud mental de las víctimas. Son conductas que no se pueden tolerar, porque constituyen un delito, cometido a través de medios informáticos. No todo vale en las redes.