Desde que España ingresó en el mercado europeo y se nos obligó a abandonar el atraso crónico tras una larga dictadura, una posguerra, una guerra y todas las desgracias posibles e imposibles del postcolonialismo y el delirante siglo XIX, tenemos mejores carreteras, hospitales punteros, trenes de alta velocidad y hasta en el pueblucho más recóndito han remozado las aceras, pero la tasa de paro no deja de darnos sustos.
Cualquiera que mire la gráfica se marea, pues es una montaña rusa que arranca en 1975 y no deja de subir y bajar, con picos del 26 por ciento –superando, oficialmente, a países como Mozambique o Afganistán– y un valle del 8 % una única vez en la historia, en 2006, aún muy lejos del 3,8 de Alemania y Holanda. Ni socialistas ni conservadores han sabido meterle mano al problema más grave que tiene este país.
Ahora, en esas piruetas económicas que tanto les gusta hacer a los gobernantes para maquillar su ineficacia crónica, el Gobierno de Sánchez se saca un conejo de la chistera en vista de que el país sigue sumido en la interminable crisis de 2008, con una depresión colectiva de caballo. Creará más de treinta mil empleos públicos y ¡sorpresa! muchos de ellos serán para rodearnos de más policías. ¿De verdad los necesitamos? Estadísticamente, la cifra no tendrá un impacto importante en la tasa de paro, pero miles de familias verán un alivio en sus cuentas corrientes y en la seguridad de un empleo para toda la vida. Claro que, como todo en esta vida, conlleva una contrapartida: pagaremos más impuestos para sostener sobre nuestros hombros un sector público cada vez más grande.
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Sobran la mitad de funcionarios de la Administración, y el 75% de los políticos. Si no lo hacemos, mantendremos a centenares de miles de vividores y vagos durante toda nuestra vida laboral