Euforia con fecha de caducidad

Del congreso popular de hace un mes quedan algunas evidencias. La primera es la escasa consideración de las ponencias de carácter político-ideológico, aprobadas a la búlgara, de las que apenas ha trascendido el hecho de que se pasara de puntillas sobre las cuestiones que el partido considera espinosas, el catalán propio de Baleares y el posicionamiento del PP en relación al alquiler turístico, cuestión ésta que atañe al modelo económico de Baleares. En relación al catalán, es incomprensible que a estas alturas el PP todavía se atasque con el nombre, hasta el extremo de dudar de su capacidad para plantear un programa alternativo a la izquierda serio, riguroso y con garantías si se bloquea con el idioma. Aparte del error que supone ceder en exclusiva a la izquierda la defensa y promoción del catalán, ignora a una parte sin duda sustancial de su electorado que no alberga dudas al respecto, como quedó de manifiesto con la reacción a las enloquecidas políticas de José Ramón Bauzá. Y la segunda evidencia es la reincorporación por la puerta grande de reconocidos ‘bauzanistas' que se significaron por poner palos en las ruedas a la dirección del anterior presidente, Gabriel Company, en aras a la pretendida unidad del partido, deja cuando menos un poso de incertidumbre.

Aun siendo ciertas las capacidades mediáticas de la izquierda –es sabido que el poder embellece–, el PP no se ha caracterizado por el desarrollo de una oposición brillante, la suya es una acción reactiva, es decir, a remolque de la agenda que marca la izquierda, sin que por ahora se vislumbren iniciativas que puedan poner en aprietos a la coalición PSOE, Podemos y Més.

Nuestra democracia demuestra que las elecciones las pierde el gobierno y la izquierda balear acumula puntos. Un ejemplo: las noticias destacadas de la crónica municipal de Palma en un medio radiofónico público nacional del pasado miércoles eran el encendido de las luces navideñas y la preocupación del concejal Alberto Jarabo por la instalación de okupas en las galerías de la Plaça Major, lo cual permite hacerse una idea del «compromiso» de los ediles con los problemas de la ciudad. Aparte, que el primer responsable de la situación de esas galerías diga estar inquieto por la presencia de okupas es de un cinismo de nota. El Consell de Mallorca, a efectos electorales, sigue en la clandestinidad –distinto es en Menorca, Eivissa y Formentera–; sus votos responden a la inercia de las demás instituciones. El caso de Armengol resulta más peliagudo: las principales organizaciones de la llamada sociedad civil están rendidas a sus designios y las perspectivas económicas juegan a su favor, ahora que ha hecho desaparecer de la agenda las consecuencias de la COVID-19, aunque los muertos ya sean más de 900.

El curso político que comienza pondrá a prueba las posibilidades de todos los partidos y por lo que hace al PP, la euforia Prohens tiene fecha de caducidad.