Ante este primer fracaso, el Govern pone el foco en la condonación de la deuda, 9.000 millones, causada, según el argumentario oficial, por la deficiente financiación estatal, aspecto en el que coincide con el planteamiento de la Comunidad Valenciana, presidida por el socialista Ximo Puig, y con un mayor peso político que Baleares, con lo que quizá Armengol pueda ver aliviado el débito con bancos y la propia administración central y presentar algún resultado. Todo ello en el caso de que pueda ser realidad un nuevo sistema de financiación autonómica, dado que el calendario no permite alegrías. A partir de enero, las comunidades autónomas deben hacer llegar sus contrapropuestas al documento del Ministerio para iniciar la negociación que puede topar con las expectativas de adelanto electoral en Andalucía y en Castilla-La Mancha, sin descartar que también Pedro Sánchez opte por la anticipación de la convocatoria general a urnas si la COVID y los fondos europeos comienzan a invertir las encuestas. Además, hay que dudar de que haya dinero suficiente para que todas las autonomías salgan ganando algo, de forma que el acuerdo estaría hecho. Pero en 2023 habrá que recuperar las reglas fiscales europeas. El año próximo será el momento de ir pensando en los ajustes presupuestarios que tanto descalifica la izquierda como seña de identidad.
Por si acaso, el Ejecutivo de Sánchez mueve pieza: el diario El País, que bebe con entusiasmo de las fuentes gubernamentales, ha publicado un llamativo titular: ‘Las comunidades autónomas acarician el primer superávit fiscal de su historia', en base al hecho, dice el periódico, textual, de que el Estado ha regado a las comunidades con más dinero que nunca para que blindaran los servicios básicos. Prepárese, pues, la presidenta de Baleares que su líder amigo no le pondrá las cosas fáciles, por mucho que se pueda insistir en el recuerdo de aquella frase esculpida en bronce: con Pedro Sánchez, a Baleares le irá mucho mejor. Y en esta ocasión no podrá dar la culpa al PP.
Por lo visto, el Gobierno pretende abordar el reparto de dinero a las autonomías después de la reforma tributaria que, avisan, incluirá normas de armonización fiscal, esto es, la demanda de nacionalistas e independentistas para evitar la bajada de impuestos de la comunidad de Madrid. En otras palabras, un hachazo a un principio básico del régimen autonómico como es la autonomía fiscal. Habrá que ver cómo reacciona el socio soberanista de Armengol, Més. A todo esto, absolutamente nadie habla de reducir el gasto público innecesario.
1 comentario
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Pero no se han dado cuenta aún que Armengol no pinta nada a nivel estatal? Mas que una ayuda, incluso puede ser una rémora por haberse posicionado contra SANCHEZ (en esto estoy contigo Presidenta) y este NO PERDONA