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El ser derrocado el pasado mes de agosto el régimen de Kabul tutelado por Washington, los triunfantes talibanes prometieron una amnistía general que tuvo la particularidad de que el pronóstico occidental acerca de su cumplimiento fuera unánime: desde ningún sector se tomó en serio. Lamentablemente, el tiempo se ha encargado de convertir en realidad los peores aspectos de aquel más amplio pronóstico. Desde la Alta Comisaría adjunta para los Derechos Humanos se habla de ejecuciones, públicas en determinados casos, y conste que se está hablando de ejecuciones extrajudiciales. A semejante denuncia, el jurista que ocupa el más alto cargo del hoy Emirato Islámico de Afganistán, tiene el cinismo suficiente como para responder que tales ejecuciones fuera de toda ley se pueden atribuir a «rencillas personales», frecuentes tras veinte años de guerra fraticida. Francamente, el desenfado, por llamarlo de algún modo, con el que la máxima autoridad judicial pretende justificar atropellos como los actualmente perpetrados habla ya de un enloquecido estado de cosas. Pensemos que estamos refiriéndonos a una sociedad ya trastornada por una guerra posterior a la invasión norteamericana del año 2001 que habría causado un mínimo de 175.000 muertos, y varios millones de heridos, refugiados y desplazados. Las insensatas imposiciones de los talibanes se imponen nuevamente; las adolescentes son excluidas del sistema educativo; las mujeres ya graduadas no pueden proseguir sus estudios al no poder compartir aula con los hombres; las pacientes no pueden ser atendidas por un especialista varón, sea cual sea su mal, y más, y más...