No sé si de haberse conocido antes los últimos acontecimientos que afectan al CNI se habría celebrado la próxima cumbre de la OTAN en nuestro país. Lo digo porque, por una parte, el espionaje al presidente y a otros ministros revelan la vulnerabilidad de nuestros sistemas de inteligencia y, por otra, la cesión ante las imposiciones de los separatistas que conspiraban para la destrucción del Estado manifiesta la debilidad de nuestras instituciones y de esos mismos sistemas de información cuyo deber es proteger a los ciudadanos y no ponerse de parte de los presuntos conspiradores.
Los 30 países que conforman la OTAN tienen el común interés de defenderse de los ataques bélicos y de otra índole de que pongan en cuestión su seguridad, y el tener como anfitrión un país inseguro no es un buen comienzo para una reunión al máximo nivel. De entrada, España es el único miembro de la Alianza Atlántica con un Gobierno parte del cual se opone a esa misma organización. En sí, es un contrasentido y una contradicción con el papel histórico de España en la Alianza, con su participación en diversas misiones y con haber estado al frente de la misma en la época de Javier Solana.
¿Qué garantías de leal cooperación ofrece el anfitrión de la próxima cumbre cuando parte del Gobierno se opone a la entrega de armas a Ucrania, uno de los objetivos actuales de la OTAN? ¿Y qué otras garantías de confidencialidad aporta en aquellos asuntos que lo requieran cuando hasta nuestro propio CNI está en entredicho? Como se ve, es mucho lo que el Gobierno de Pedro Sánchez debe espabilar si quiere ser un socio viable de la Organización y un anfitrión eficaz de la misma.
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