La inflación persiste. Instituciones económicas de referencia (Banco Central Europeo, Banco de España, entre otras) informan que ese indicador se mantendrá entorno al 8 % al cerrar 2022, para corregirse a la baja en 2023 y 2024. Cifra importante, con un horizonte más positivo, presidido por la incertidumbre. Diferentes expertos señalan que entre el 40 % y el 70 % de la inflación se debe al incremento del precio de la energía y, sobre todo, al de la electricidad. Esto es por la radicalización de la formación del precio en el mercado mayorista, provocado por el incremento del precio del gas que determina el que perciben el conjunto de tecnologías: nucleares, hidroeléctricas, fotovoltaicas, eólicas… La electricidad ha pasado de 45 euros por megavatio/hora a cerca de 200 euros en media (con picos de 300 euros por megavatio/hora) en apenas un año. Un incremento superior al 500 %.
Además, las centrales de gas deben pagar derechos de emisión de CO2, y ese coste lo imputan después a los precios finales que también perciben las centrales no emisoras, y que por ello no incurren en el coste de la compra de los derechos. Por tanto, las centrales de gas son las únicas que devengan los costes de derecho de emisión. Para el resto de centrales, los precios de los derechos de emisión que cobran pero no pagan constituyen un beneficio que, en muchos casos, no pudo ser tenido en cuenta en el momento de la inversión al no estar entonces vigente la regulación sobre las emisiones de CO2.
Es decir, todo esto genera beneficios extraordinarios (aproximadamente, un 80 % del aumento ha sido provocado por el encarecimiento del precio del gas; y un 20 % por el de los costes de los derechos de emisión) para las empresas productoras de electricidad. Atacar esto implicaría, por un lado, aminorar los beneficios caídos del cielo que tienen todas las centrales, a causa de la regulación del mercado, un proceso que compete al Gobierno español; y trabajar en Bruselas para cambiar esa regulación existente.
Estamos ante una situación que debería canalizar focos de actuación en unas direcciones concretas. Una: poner en marcha el proyecto de ley tramitado hace un año –fecha: 1 de junio de 2021–, que fija como precio de referencia del CO2 20 eurospor tonelada, cuando ahora se sitúa en el entorno de los 80 u 85 euros. Sería importante que lo que excede a ese límite se aminorase a las centrales. Esto podría suponer unos 3.000 millones de euros al año, lo que podría dedicarse para reducir el precio de la electricidad. Pero piénsese que, incluso así, se están «regalando» –por decirlo de alguna forma– esos 20 euros por tonelada a las centrales que no generan CO2 por unos derechos que, insistimos, ellas no devengan. Dos: tasar los beneficios caídos del cielo de las centrales eléctricas. La base imponible: los ingresos de las centrales que no participan en la formación de los precios del mercado mayorista (nucleares, hidroeléctricas). De este modo, se evita que el impuesto sea trasladado al precio de la electricidad. Se está hablando mucho de esto –el presidente Sánchez lo apuntó en su comparecencia hace pocos días–, siguiendo el ejemplo que está impulsando Mario Draghi en Italia.
2 comentarios
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Mentres hi hagi el ppsoe amb portes giratòries no hi ha res a fer. Faran com el pp que va posar l'impost al sol..
De que los MOLINOS EOLICOS estén PARADOS en días de viento...No tiene importancia. De que el PROVEEDOR en un 70% del GAS QUE CONSUMIMOS EN ESPAÑA venga de ARGELIA y que HAYAMOS DEJADO DE SER PREFERENTES....por una ACCION NO EXPLICADA del PRESIDENTE SANCHEZ en favor de Marruecos...No tiene importancia. Así nos va.