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Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, pero imagínense un gobierno formado por PP y Vox, que aprobase una ley de «protección de la mujer en su entorno social y familiar», una ley para endurecer las penas de violadores y agresores sexuales. Imagínense también que resulta que dicha ley se aprobase en el Consejo de Ministro con la advertencia de juristas del Gobierno sobre el peligro de que se redujesen las penas en lugar de endurecerlas, pero que nadie hiciese caso y que la ley saliese adelante con una gran campaña publicitaria. Imagínense que el presidente de dicho Gobierno presumiese de haber aprobado una «ley histórica» para defender sobre todo a las mujeres, pero también a las familias de bien, base de la sociedad española. Y paralelamente la ministra de Igualdad, militante de Vox, dijese que la nueva ley era, por fin, un instrumento para luchar contra el machismo, el patriarcado y proteger a las mujeres como nunca había conseguido antes un gobierno progresista/socialcomunista.

Imaginen que meses después de muchos tuits de elogios a la nueva ley, felicitaciones por impulsar políticas valientes, resulta que un juzgado avisa que los violadores y agresores sexuales tienen derecho a una reducción de condenas. Nos podemos imaginar al líder de Vox en el Gobierno criticando a «jueces socialcomunistas, insensibles con las mujeres», cuyo único objetivo es «favorecer a violadores porque así se pueden seguir con las políticas patriarcales de toda la vida». En paralelo, asociaciones feministas de toda España convocasen multitudinarias protestas ante las respectivas delegaciones del Gobierno para criticar una ley chapucera que perjudicase los intereses de las mujeres. En Balears, mientras tanto, una representante del Govern PP-Vox siguiese defendiendo la ley porque «es muy positiva para la mujer», aunque en ese momento ya se supiese que más de 400 violadores/agresores se hubiesen beneficiado por las rebajas de condenas.

Imaginen que miles de mujeres se manifestasen en Balears, frente al Consolat de Mar, haciendo cómplice al Govern PP-Vox de las rebajas a los violadores pese a las advertencias de los juristas expertos en la materia. Imaginen que una de las autoras de dicha ley bromease en un acto organizado por mujeres de organizaciones próximas a la derecha sobre el caos montado en los juzgados por la «ley de protección de la mujer en su entorno social y familiar». Imaginen que después de todo el desastre y la incompetencia mostrada por muchos políticos nadie dimitiese, mientras los jueces siguiesen siendo acusados de ser bolcheviques, socialcomunistas o ambas cosas a la vez. A esta historia solo hay que cambiar los protagonistas, pero ha ocurrido en España y a estas horas nadie ha dimitido aún. Parece evidente que nos merecemos políticos un poco más preparados, pero también más objetividad colectiva cuando ocurren asuntos tan graves como este.