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Sin estímulos para estudiar ni incentivos para trabajar, poco futuro puede haber en la alternativa del subsidio público y el apoyo familiar que garantice techo y comida. El informe del Observatori de Treball de les Balears (Ultima Hora, 31 de diciembre) pone de manifiesto un panorama desolador que debería provocar la alarma de los poderes públicos: Balears encabeza la desmoralizadora clasificación de personas que entre los 15 y los 29 años ni estudian ni trabajan, el índice de ninis más elevado de España.

Entre las causas se citan el fracaso escolar, por delante de las demás autonomías, y las tasas netas de escolarización, en los últimos puestos de esa clasificación nacional. Como daños colaterales hay que reseñar que los trabajos más buscados sean los de empleados en grandes almacenes o camareros por una parte y, por el lado de las empresas, la realidad de unos sueldos que no permiten la independencia de la familia ni aseguran una mínima holgura económica. De hecho, el precio de la vivienda es ya uno de los primeros factores de exclusión social. Ante tan sombrío panorama, la atención se vuelca en el sistema educativo que, para Pau Montserrat, miembro del Consell Econòmic i Social y profesor universitario, es un completo fracaso: «El sistema educativo está enviando a las facultades gente sin la cultura del sacrificio y del esfuerzo». Y es obvio que el mercado de trabajo es cada vez más competitivo. El primer tractor de la economía de Balears, el turismo, tiende a reducir el número de visitantes sin afectar a los ingresos de forma que el sector del lujo se revela como un polo de desarrollo. El turista con mayor poder adquisitivo requiere unos servicios con un nivel de exigencia conforme a su estatus y trabajadores y por supuesto empresas y empresarios han estar a la altura. No está claro que hoy sea así.

Por sectarismo y por incompetencia la educación sigue siendo el reto pendiente de la política y todos, a derecha e izquierda, son culpables. Desde 1970 hasta hoy se han sucedido hasta nueve planes educativos distintos, es decir, con una media de vigencia de apenas unos años. Una sopa de siglas, LOE, LOECE, LODE, LOGSE, LOPEG, LOCE, LOMCE, LOMLOE…, cuyo objetivo parece haber sido más la modelación ideológica de las futuras generaciones que el bien común y la visión de estado. Incluso hubo un ministro, Julio Rodríguez Martínez, que pretendió adecuar el calendario universitario al año natural: unos 100.000 estudiantes tuvieron seis meses de vacaciones en el curso 1973-1974, a la espera de comenzar la carrera el mes de enero del año siguiente. El asesinato de Carrero Blanco, en diciembre de 1973, segó la carrera del ministro y las fechas de inicio y final de curso retomaron la normalidad. Eran otros tiempos y a estas alturas es casi un chascarrillo del franquismo. Pero lo cierto es que, después de 45 años de democracia y Constitución, la política sigue sin ser capaz de colocar a la educación por encima de los menguados intereses de cada partido.

En tales circunstancias, no es extraño dar pábulo a la idea de que determinadas políticas tienen por objetivo precisamente conformar mentes acríticas a la espera de que a mayores subsidios más votantes que dependan de los presupuestos públicos.