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Lo malo de hablar siempre por boca de ganso es que, en ocasiones, hasta a Sánchez se le escapa una verdad. Sin querer, claro. La comparecencia de ayer del madrileño dejó como titular algo que muchos ya sabíamos. En España ha dejado de existir, de facto, la Abogacía del Estado para pasar a ser, sin tapujos de ninguna clase, la Abogacía del Gobierno, que a menudo solapa sus funciones –quizás por un exceso de entusiasmo– con la Fiscalía General del Gobierno –formalmente, también del Estado– que encabeza el amigo imputado del presidente, Álvaro García Ortiz.

La única precisión que cabría hacerle a Sánchez es que la Abogacía no defiende la Presidencia del Gobierno, como dijo, sino al actual inquilino de La Moncloa, que, por más que él tienda a mezclarlos para intentar confundirnos, no son lo mismo.

La querella de Sánchez contra el juez Peinado no tiene otra finalidad –más allá de otros pretextos procesales y de la increíble torpeza del juez empeñándose en una declaración absolutamente inútil– que la de impedir que el órgano judicial acabara solicitando el suplicatorio para imputar al propio Sánchez con relación a los presuntos delitos de los que actualmente se investiga a su mujer. Cualquier movimiento de Peinado contra Sánchez tras la querella de éste parecería entonces una simple represalia. Peinado quiso jugar al póquer mentiroso sin darse cuenta de que estaba retando al auténtico y genuino tahúr del Mississipi, que nunca fue el añorado Adolfo Suárez –como afirmaba en 1982 Alfonso Guerra–, sino nuestro apolíneo y amado líder.

u Pero, por más golpes de efecto que nos aseste, Sánchez está acorralado entre las demandas del independentismo catalán y los casos de presunta corrupción de sus familiares, además de otros de su entorno, como el feo asunto de los contratos de Isabel García, directora del Instituto de las Mujeres –tapado con su cese–, o el de la compra de mascarillas a Koldo García en el que se halla involucrada nada menos que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, siquiera como ‘clienta’ del asesor político socialista vasco, de jugoso historial penal.

Sánchez se atrinchera tratando de retener lo único que le separa de un tortuoso camino judicial y político, su cargo. Cedería a ERC el Banco de España o Ceuta y Melilla si ello fuere necesario, porque sus objetivos hace mucho que dejaron de ser los propios de un programa electoral para pasar a ser exclusivamente personales, aunque esté arrastrando al socialismo español –absolutamente cegado– hacia un abismo de consecuencias desconocidas.

Solo líderes regionales como García-Page o Lambán o las viejas glorias del felipismo se atreven a abrir la boca para protestar. El resto, se alinean con su jefe en esta descerebrada espiral hacia la radicalidad y el desmantelamiento del Estado y sus tres poderes.

En este clima enrarecido, Sánchez hizo ayer el paripé de visitar a Marga Prohens, porque hasta algunos de los suyos consideran que tiene que guardar ciertas formas. En una situación de normalidad, ello respondería al devenir corriente de la cosa pública, pero ayer se trataba de colocar el mantra de que el REB es equiparable a las concesiones –un tercer concierto económico de facto, tras los del País Vasco y Navarra– a Cataluña. No cuela, Pedro.