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El presidente Sánchez ha pedido a las comunidades autónomas que aumenten impuestos para mejorar los servicios públicos. Es una propuesta para sofocar el incendio que ha provocado el acuerdo alcanzado por el PSOE con ERC en favor de Cataluña con el único objetivo, ya saben, de garantizar la investidura de Salvador Illa. Sánchez sabe perfectamente que las comunidades autónomas pueden subir impuestos, y también bajarlos, cuando lo consideren oportuno. Por ejemplo, en Balears tenemos desde hace años la ecotasa y el año pasado se suprimió el impuesto de sucesiones entre familiares directos, una medida justa y aplaudida por la mayoría de ciudadanos de Balears. Por lo tanto, la propuesta carece de demasiado sentido porque les dice a las comunidades algo que ya saben: que pueden subir impuestos. Lo que ocurre es que algunas autonomías, entre ellas Balears, consideran que aumentar la presión fiscal resta competitividad frente a otras regiones y seguramente optarán por no tocar ningún impuesto. El mensaje de Sánchez demuestra que le importa un pimiento mejorar la financiación de cualquier autonomía que no le permita su plan para gobernar a cualquier precio.
Sin embargo, quizás convendría empezar a hablar de reducir el gasto público, y no me refiero a educación y sanidad, que posiblemente merecen incluso más recursos. Me refiero a mucho gasto que podría ahorrarse y que si los ciudadanos lo conociesen al detalle seguramente se escandalizarían. No estoy hablando de las paellas que se pagaban con dinero público muchos viernes tras los Consells de Govern de Armengol, pero sí muchos estudios que nunca sirven para nada, cargos que no tienen ninguna función o alquileres de edificios que resultan innecesarios. No es mejor gestor el que más gasta. Y lamentablemente es bastante corriente que aumentar la presión fiscal no se traduzca en mejorar los servicios públicos y sí en incrementar el despilfarro. Ahí tenemos la ecotasa balear. Me cuesta recordar una inversión que realmente haya mejorado la vida de los ciudadanos de Balears a pesar de que los ingresos han superado los 200 millones cada año. Si además el reparto del dinero se hace siguiendo criterios partidistas, sobre todo en la anterior legislatura, realmente es difícil de justificar que se pueda aumentar la presión fiscal, pero con Sánchez todo es posible. Incluso pagar más impuestos por peores servicios.