No es lo mismo el delito achacable a un individuo que el delito vinculado a una institución, aunque sea achacable a quien la representa. La imagen de unos agentes de la Guardia Civil, en su función de policía judicial, registrando el despacho de García Ortiz y sus móviles no tenía precedentes. Tampoco los tenía una causa abierta al fiscal general por el Supremo por un supuesto delito de revelación de secretos. Es una buena noticia para acreditar el funcionamiento de la democracia en lo que se refiere a la independencia judicial y la separación de poderes.
Pero es mala noticia para quienes creemos que un servidor público debe salvaguardar la dignidad del cargo que ostenta. Es desgarradora la posibilidad de que un defensor de la legalidad pueda haber actuado fuera de ella. O constatar que la aplicación de la ley divide a quienes están obligados a defenderla. Por un lado, el Gobierno y el fiscal general, que hacen piña en el relato achacable al fango de la derecha frente al higiénico desmentido de un bulo. Y por otro, los cinco magistrados del TS que en su día apreciaron indicios delictivos por parte de García Ortiz.
¿De qué lado ponerse? Lo que se llama el «cuerpo del delito» fue una nota de prensa de la fiscalía en la que se utilizaban datos protegidos que aparecían en la inviolable comunicación entre el abogado de un contribuyente y el fiscal de delitos económicos que había abierto un expediente por fraude a dicho contribuyente: el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. La sola posibilidad de que el fiscal general esté o haya estado en una operación para destruir políticamente a Díaz Ayuso es muy perturbadora. Y el hecho de que sea aireada por el PP y rechazada por Sánchez con la misma contundencia no nos saca de dudas.
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