Es el momento de subir los salarios

En realidad, la gestión de la reciente inflación en España ha sido relativamente buena si se compara con la de los países de nuestro entorno, pero no perfecta. Partamos de la base de que una política antiinflacionaria sensata debería garantizar dos objetivos básicos: i) reducir la inflación sin generar efectos contractivos en la actividad económica y el empleo; y ii) distribuir equitativamente los costes de la inflación. Veamos si en España se han cumplido estos dos objetivos.

Por un lado, el Gobierno español implementó un conjunto de medidas fiscales y regulatorias para combatir la inflación: intervenciones de precios en aquellos sectores donde se acumulaban tensiones en la cadena de valor y medidas fiscales destinadas a reducir los precios (como reducciones selectivas y temporales de impuestos indirectos para productos específicos). Estas medidas resultaron ser efectivas para reducir la inflación sin dañar al empleo. De hecho, el Banco de España en 2023 estimaba que la contribución de las medidas fiscales del Gobierno a la reducción de la inflación durante 2022 fue diez veces mayor que la contribución correspondiente a la política monetaria implementada por el BCE (consistente en subir los tipos de interés para enfriar la economía). Además, esta institución también estima que las medidas fiscales del gobierno contribuyeron a un crecimiento del PIB de 1,1 puntos porcentuales, mientras que la política monetaria del BCE redujo el PIB en 0,6 puntos. Por tanto, las políticas fiscales y regulatorias aplicadas por el Gobierno español han sido altamente efectivas para lograr el primer objetivo mencionado anteriormente.

En cuanto al segundo objetivo (distribuir equitativamente los costes de la inflación), aunque algunas de las políticas fiscales implementadas entre 2021 y 2023 estuvieron orientadas a garantizar cierta redistribución de ingresos hacia los hogares de menor renta, la realidad es que la inflación de 2021-2023 ha perjudicado notoriamente a los asalariados. El segundo objetivo, por tanto, no se ha logrado. El aumento de los precios de la energía y las materias primas en 2021 y 2022 desató un proceso inflacionario en el que las empresas subieron precios con el fin de mantener sus márgenes más o menos estables. Sin embargo, cuando el precio de la energía (y, en menor medida, las materias primas) disminuyó en 2023, los precios en España no disminuyeron: de hecho, siguen subiendo, aunque a un ritmo más lento. Esta caída en los precios de los insumos importados, combinada con precios y salarios nominales estables, ha permitido que algunos márgenes de beneficio aumenten. Y esto es lo que, según la Comisión Europea y otros economistas, hace que en España haya espacio para una subida de salarios nominales. Este tendría que ser el principal objetivo de las comisiones negociadoras de los convenios colectivos sectoriales, que deberían estar respaldadas conjuntamente por los ministerios de Economía y de Trabajo.