El juez del juzgado de instrucción número 7 de Palma, Antonio
Garcías, ha abierto una investigación para determinar las
responsabilidades derivadas del incendio ocurrido el pasado día 11
en las aulas prefabricadas del colegio público de Bahía Grande, en
Llucmajor. Este siniestro, iniciado por causas fortuitas, puso en
peligro a los casi 200 alumnos del centro, aunque por fortuna
ninguno de ellos resultó herido.
El juzgado ha actuado de oficio, es decir, que la iniciativa de
investigar este suceso ha surgido a instancias del juez, que ha
abierto diligencias antes de que algún padre presentara denuncia
por lo ocurrido.
Una comisión judicial, encabezada por el juez, realizó ayer una
inspección ocular del lugar destruido. Se comprobó que las
instalaciones, que han quedado destruidas por el efecto del fuego,
no eran las más adecuadas para que se utilizaran como un recinto
escolar para niños de corta edad.
Estas cuatro aulas prefabricadas, en las que cada una tenía una
media de 40 alumnos, estaban construidas con un material altamente
combustible. El suceso ocurrido demuestra que no es el lugar más
indicado para instalar un centro escolar provisional, sobre todo si
se tiene en cuenta lo que hubiera podido ocurrir si los alumnos,
cinco minutos antes, no hubieran abandonado el aula para digirirse
al patio. El fuego necesitó pocos minutos para quemar la
instalación. Esta velocidad de destrucción se debió a que las
paredes, pese a que son de aluminio, estaban recubiertas con
material combustible.
Dependiendo del rumbo que tome la investigación el juez podría
decidir adoptar medidas legales contra algún responsable escolar,
en este caso de la Conselleria d'Educació, ya que se ha podido
incurrir en algún delito de negligencia o imprudencia al ubicar a
estos alumnos en recintos que no están preparados para impartir
clases a niños de Primaria.
La fortuna quiso que el fuego se iniciara poco después de que
los niños habieran salido al patio. Pese a que no hubo que lamentar
ni víctimas ni heridos, ello no evita pensar que los alumnos
corrieron un alto riesgo al permanecer en estas aulas, por lo que
se está comprobando si se ha podido incurrir en algún tipo de
delito.
El suceso, según el informe que realizó la Guardia Civil, se
produjo por una deficiente instalación eléctrica de la aula
prefabricada. Si este cortocircuito se hubiera producido mientras
el profesor impartía clases, con casi toda seguridad no se estaría
hablando ahora de un simple susto, sino que las consecuencias
hubieran sido más importantes. La avería se inició en el aula
situado junto a la que después quedó destruida. Se da la
circunstancia que GESA había detectado una avería eléctrica diez
días antes del incendio. Se comprobó una avería en el componente
magnetotérmico. Pese a ello, no se tomaron medidas para evitar que
se produjera este lamentable suceso.
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