El juez Antoni Garcías, titular del Juzgado de Instrucción número 7
de Palma, continúa investigando el incendio que se produjo el
pasado mes de marzo en la escuela de Bahía Grande, al quemarse unas
aulas prefabricadas. El magistrado inició de oficio esta
investigación para determinar si se había cometido algún delito al
utilizarse estas instalaciones poco apropiadas como aulas para
niños pequeños.
Una de las primeras acciones que ha realizado el juez es pedir a
los padres de los alumnos si se sienten perjudicados por lo
ocurrido. Por ello les ha informado que tienen la posibilidad de
iniciar acciones penales contra los responsable de la Conselleria
d'Educació que ordenaron que se instalaran estas aulas
prefabricadas. Según parece, los padres se han mostrado muy
desorganizados y, de momento, no han respondido a la petición del
juez. Las aulas que se quemaron estaban recubiertas por un material
muy inflamable, y además carecían de las mínimas medidas de
seguridad exigibles. Por fortuna, cuando se inició el incendio, que
destruyó por completo la instalación, los niños se encontraban
jugando en el patio y ninguno de ellos resultó herido en el
incidente. En aquellos momentos en el centro había casi 200
alumnos.
El juez se ha puesto en contacto con la empresa que instaló
estas aulas y le ha solicitado si cuentan con algún plan de
seguridad. No se descarta, que en un futuro, también sean llamados
a declarar algunos responsables de la Conselleria que autorizaron
la instalación de estas aulas prefabricadas, que antes ya habían
sido utilizadas en otros centros escolares como, por ejemplo, el de
Felanitx.
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