La Audiencia de Palma ha rechazado una investigación policial
contra un grupo de presuntos traficantes porque las intervenciones
telefónicas se transcribieron sin el control del secretario del
juzgado de instrucción. De esta forma, el tribunal de la Sección
Segunda de la Audiencia de Palma ha dictado una sentencia
absolutoria para los nueve acusados de tráfico de drogas. La
Fiscalía, que basaba su acusación en estas intervenciones
telefónicas, solicitaba penas de más de 30 años de prisión. El
tribunal ha atendido la petición de nulidad propuesta por los
abogados Ramón Riutort, Juan Carlos Peiró, Carlos Portalo y
Fernando Mateas.
Esta actuación policial se inició en marzo de 1995. La policía
pidió autorización judicial para intervenir el teléfono de una
mujer que vivía en el Coll d'en Rabassa. El día 12 de marzo se
pidió permiso al juez para realizar una entrega controlada de droga
que se enviaba desde Colombia. En efecto, se comprobó que se
trataba de 294 gramos de cocaína.
Tras estas conversaciones telefónicas se llegó a la detención de
nueve personas. El tribunal cree que, aunque había sospechas, no
hay pruebas que demuestren esta implicación en el tráfico de
drogas.
Los abogados defensores se opusieron a que se escucharan durante
el juicio las cintas que recogen las conversaciones telefónicas.
También las impugnaban porque la descripción de las mismas se había
realizado sin un control judicial.
El tribunal resalta, basándose en la repetida jurisprudencia,
que el control judicial de una intervención telefónica «debe ser
exquisito y riguroso». Por ello se exige que la transcripción
mecanográfica de las conversaciones debe hacerse «con compulsa y fé
del secretario». En este caso la sentencia explica que el juez
instructor escuchó las cintas y seleccionó los pasos más
importantes. Ordenó la transcripción, que realizó la policía.
Cuando fue remitida al juzgado, el secretario no comprobó si
coincidían con las conversaciones grabadas. Por este motivo, la
Audiencia califica de «anómala forma de proceder» esta actuación
del juzgado, lo que «priva de toda autenticidad los resultados de
la investigación», en este caso policial.
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