Javier Jiménez14/03/01 0:00
TW
0

Esposada a una cama y sin posibilidad de huir. Así cuenta que se encontró una presa mallorquina, María José Heredia, hace un año cuando estaba recluida en una celda de máxima seguridad de la cárcel «Sevilla II» y se declaró un incendio que le desfiguró el cuerpo. La mujer ha denunciado al Ministerio del Interior y su abogado, Miguel Ill Ferrer, solicita una indemnización millonaria «porque el perjuicio estético "además del psíquico" que sufre sólo puede calificarse de terrible».

A sus 30 años, María José Heredia ya se ha sometido a cinco operaciones y otros tantos injertos con sus propia piel, que no han podido disimular unas secuelas espantosas. La mujer tiene un pasado difícil y su adicción a la droga hipotecó su vida. Fue detenida por narcotráfico y condenada a 14 años de cárcel, un infierno que se agravó al contraer anticuerpos del Sida, según reconoce. Pero lo peor todavía estaba por llegar. El 25 de enero de 2000, cuando estaba confinada en una celda de máxima seguridad, asegura que una funcionaria entró fumando en la habitación. María José había sido esposada con unos grilletes a la cama metálica, para que no pudiera llegar al timbre y 'molestar' continuamente a los vigilantes. Cuando la funcionaria salió el colchón empezó a arder y ante los gritos de dolor y pánico de la reclusa, ésta asegura que la trabajadora se negó a abrir la puerta «aduciendo "según consta en la denuncia" que no estaba presente el jefe de servicio».

La convicta se pasó casi cuatro meses en la UCI de un hospital sevillano, con quemaduras de segundo grado en el 30% de su cuerpo, en el tórax, abdomen, espalda, cara y cuello. Luego se le concedió la libertad condicional por enfermedad grave y con la obligación de someterse a análisis semanales para confirmar que se había 'desenganchado'.

Recientemente, María José viajó a Mallorca para estar junto a su madre, gravemente enferma, y comunicó su traslado a las autoridades penitenciarias. Sin embargo, ayer se enteró que le habían revocado la libertad condicional y que estaba en busca y captura. Miguel Ill, su letrado, opinó que la medida "«injustificada»" puede tener relación con la denuncia que han interpuesto contra el Ministerio del Interior y contra los funcionarios de la cárcel «Sevilla II».