La sentencia que dictó la pasada semana la Sección Primera de la
Audiencia de Palma ya es firme. En ella se condenaba a Tavares a
cinco años y cuatro meses de cárcel por un delito de blanqueo de
capitales procedentes del tráfico de drogas. El tribunal aceptó que
esta condena se sustituyera por la expulsión del acusado de España,
sin que pueda regresar en un plazo de diez años. Este canadiense
está considerado como uno de los delincuentes más importantes que
haya estado jamás en la cárcel de Palma.
Muestra de ello es que ha intentado blanquear en la Isla unos
dos mil millones de pesetas del narcotráfico. La Audiencia ya ha
comunicado a la cárcel la orden de expulsión, que podría cumplirse
en las próximas horas. Tavares no tendrá que cumplir esta condena
en la cárcel. La sentencia también condenaba a dos empleados de la
Banca March de la oficina de Santa Ponça, Francisco Alfonso P.C. y
Juan José P.T. El primero, que era interventor, aceptó un año de
cárcel y pagar una multa de 275 millones por blanquear dinero. El
otro acusado, que era director de la oficina, ha sido condenado a
nueve meses de prisión y a una multa de 150 millones. Ambos han
sido declarados solventes. Pese a que la entidad bancaria se
desmarcó de la actuación de estos dos empleados en este blanqueo,
fuentes jurídicas han confirmado a este periódico que estas multas
las ha pagado la Banca March.
En los hechos probados de la sentencia se detallan las numerosas
gestiones bancarias que realizó Tavares, utilizando cuentas a
nombre de otras personas, por las que circularon casi dos mil
millones de pesetas. En el mes de mayo de 1996 Tavares se presentó
en la oficina de Santa Ponça para ingresar cien millones de
pesetas. Se entrevistó con los dos empleados, que decidieron que el
dinero se ingresara en la entidad de la Banca March en Londres,
evitando que el Banco de España tuviera conocimiento de este
ingreso. El 31 de mayo el interventor viajó con Tavares hasta
Londres. El primero portaba un maletín con el dinero en efectivo y
con una carta de recomendación para el director de la sucursal
británica. El viaje y las dietas las pagó la Banca March, según
señala la sentencia.
Los casi dos mil millones, entre multas y dinero en efectivo,
que se ha decomisado se entregan al Estado para que las destine al
fondo de lucha contra el narcotráfico.
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