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La sentencia que dictó la pasada semana la Sección Primera de la Audiencia de Palma ya es firme. En ella se condenaba a Tavares a cinco años y cuatro meses de cárcel por un delito de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas. El tribunal aceptó que esta condena se sustituyera por la expulsión del acusado de España, sin que pueda regresar en un plazo de diez años. Este canadiense está considerado como uno de los delincuentes más importantes que haya estado jamás en la cárcel de Palma.

Muestra de ello es que ha intentado blanquear en la Isla unos dos mil millones de pesetas del narcotráfico. La Audiencia ya ha comunicado a la cárcel la orden de expulsión, que podría cumplirse en las próximas horas. Tavares no tendrá que cumplir esta condena en la cárcel. La sentencia también condenaba a dos empleados de la Banca March de la oficina de Santa Ponça, Francisco Alfonso P.C. y Juan José P.T. El primero, que era interventor, aceptó un año de cárcel y pagar una multa de 275 millones por blanquear dinero. El otro acusado, que era director de la oficina, ha sido condenado a nueve meses de prisión y a una multa de 150 millones. Ambos han sido declarados solventes. Pese a que la entidad bancaria se desmarcó de la actuación de estos dos empleados en este blanqueo, fuentes jurídicas han confirmado a este periódico que estas multas las ha pagado la Banca March.

En los hechos probados de la sentencia se detallan las numerosas gestiones bancarias que realizó Tavares, utilizando cuentas a nombre de otras personas, por las que circularon casi dos mil millones de pesetas. En el mes de mayo de 1996 Tavares se presentó en la oficina de Santa Ponça para ingresar cien millones de pesetas. Se entrevistó con los dos empleados, que decidieron que el dinero se ingresara en la entidad de la Banca March en Londres, evitando que el Banco de España tuviera conocimiento de este ingreso. El 31 de mayo el interventor viajó con Tavares hasta Londres. El primero portaba un maletín con el dinero en efectivo y con una carta de recomendación para el director de la sucursal británica. El viaje y las dietas las pagó la Banca March, según señala la sentencia.

Los casi dos mil millones, entre multas y dinero en efectivo, que se ha decomisado se entregan al Estado para que las destine al fondo de lucha contra el narcotráfico.