La Audiencia de Palma, a través de un auto, ha ordenado al juez del
Juzgado de Instrucción número 1 que reabra la investigación de una
de las ramificaciones del denominado «caso juego», que archivó y
que afecta al secretario general técnico de la Conselleria
d'Hisenda, Lorenzo Morey Forcades, al que denunciaron por un delito
de prevaricación. El denunciante es el empresario del juego Ismael
Martín, quien denunció al funcionario al considerar que había
cometido un delito de prevaricación al denegarle la licencia de 63
máquinas recreativas alegando defectos formales.
El funcionario, que nunca ha sido llamado a declarar por este
asunto, justificó el rechazo de estas licencias a que las
solicitudes se habían presentado fuera de plazo. Sin embargo, en la
documentación que se envió a la Conselleria aparecen unos sobres de
correos, que contienen las solicitudes, sellados en una fecha que
estaba dentro del plazo de solicitud. De hecho, la policía
investigó si el empresario había podido falsificar los sellos de
correos, comprobándose que eran legales. El empresario también
denunció al funcionario José Oliver, jefe de la Sección de juego,
porque sospechaba que había intentado perjudicarle al esconder la
documentación que había presentado.
Martín recordó que Oliver tenía intereses comerciales en
empresas de su competencia, relacionadas también con el juego, y
por ello justifica la ocultación de estos documentos. Sin embargo,
la Audiencia considera que estas sospechas no tienen base y que no
tiene sentido de que Oliver quisiera ocultar documentación cuando
sería inmediatamente descubierto. Por ello, el tribunal archiva
esta denuncia. Esta resolución judicial supondrá que todos los
funcionarios del departamento de juego de la Conselleria acudirán a
declarar.
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