La problemática del inmigrante ilegal que llega a Balears y se
convierte en delincuente es algo contra lo que las autoridades, y
en especial los especialistas de la policía en estos casos, se ven
impotentes de resolver en demasiadas ocasiones. Las trabas
burocráticas, la picaresca y unas leyes que se consideran
insuficientes, impiden o retrasan hasta límites insospechados la
aplicación de la normativa que se dice, oficialmente, que existe.
Pero quizás, el colmo de estos delincuentes es que si quieren
pueden 'legalizar' su situación cuando son ingresados en cualquier
centro penitenciario de España. La ley establece que un preso tiene
derecho a trabajar en los talleres que hay en las cárceles.
Hasta el año pasado a este preso se le tramitaban unas
condiciones especiales para la Seguridad Social, específicas para
los casos de enfermedad o accidente laboral. Pero a finales de 2000
el Gobierno aprobó unos artículos en la Ley de Acompañamiento de
los Presupuestos, por los cuales los presos tienen derecho a ser
incluídos plenamente en la Seguridad Social. La ley entró en vigor
a principios del presente año y, desde entonces si, por ejemplo, un
extranjero ilegal que ha cometido un delito es ingresado en la
cárcel se acoge al derecho de trabajar. A partir de ahí se inician
los trámites y adquiere la Seguridad Social. Después, al recobrar
la libertad, tiene derecho al subsidio de paro y las prestaciones
normales.
Mientras, en la calle, los 'sin papeles' siguen creando multitud
de problemas a las autoridades. Ahí van varios ejemplos tomados de
casos reales: Mourad fue detenido la semana pasada en Palma al
comprobarse que se trata de un inmigrante 'sin papeles'. Cuando fue
conducido ante los inspectores de la Jefatura del CNP que tramitan
estos casos dijo que había nacido en Senegal. Como es preceptivo,
los policías se pusieron en contacto con representantes del citado
país en España, para que les confirmaran la identidad y
nacionalidad de Mourad. Según la ley los policías disponen de tres
días para identificar al 'sin papeles', a efectos de iniciar
después los trámites para su expulsión. Pero transcurridas 48
horas, Mourad 'recordó' que este no es su nombre real y que,
además, no ha nacido en Senegal, sino en Camerún.
El resultado fue que ya no había más tiempo para efectuar los
trámites para su identificación y se le tenía que dejar libre o, en
un caso extremo, conseguir que un juez lo enviara a uno de los
centros de internamiento para extranjeros que hay en la Península.
De ser así, Mourad, o como se llame, podrá estar un máximo de 40
días. En este espacio de tiempo corresponde a la policía
identificarle, y los problemas se van multiplicando. Si el 'sin
papeles', por ejemplo, dice que es de Sierra Leona, país en guerra
civil, será por una parte imposible la identificación y, por otra,
se tendrá que anular su repatriamiento por motivos humanitarios.
Los casos de los inmigrantes ilegales son distintos según sean sus
países de orígen.
Si el ilegal delincuente dice y demuestra que es argelino, por
ejemplo, los representantes del país en España suelen hacer oidos
sordos y no reconocen la nacionalidad de la persona de la que se
piden los datos y, así, es practicamente imposible la
repatriación.
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