Los juzgados de Eivissa, Manacor e Inca tendrán pronto el servicio
de asistencia social, que funciona desde hace 14 años en la sede de
Palma. Se trata del Ires, que ayer presentó la memoria del pasado
año, en la que se aprecia que fueron atendidas un total de 307
personas, de las que el 80 por ciento son hombres. Los tres
trabajadores sociales que trabajan en el juzgado de Palma
atendieron a un total de 1.262 demandas. Este servicio se encarga
de realizar un seguimiento de las personas que, en su mayoría, se
han visto implicadas en algún proceso judicial.
Uno de los trabajos que ha realizado este servicio social es
plantear la posibilidad de que la persona que ha sido condenada no
tenga que ingresar en prisión. El 30 por ciento de ciudadanos
atendidos ha logrado este beneficio, a cambio de iniciar un proceso
rehabilitador o demostrar que no ha vuelto a delinquir. Como solía
ocurrir en los años anteriores, el 42'8% de usuarios se ha puesto
en contacto con este servicio social a través de los juzgados; el
18'8% lo ha hecho por iniciativa propia, mientras que el 16% han
derivado de otros servicios sociales.
Este servicio social lleva funcionando en Palma desde hace 14
años y cuenta con un presupuesto de doce millones de pesetas, que
se obtiene a través de subvenciones del Govern, Cort y Consell. Los
responsables de estos organismos en materia social estuvieron ayer
presentes en la presentación de la memoria. También acudió el juez
decano de Palma, Pedro Barceló, y el teniente fiscal Ladislao
Roig.
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