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E.PRESS-MADRID
La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó ayer no suspender el juicio contra los procesados de la «Operación Temple», aplazamiento que fue solicitado por seis defensas, por lo que la vista oral continuará hoy. El tribunal no ha considerado motivo para paralizar el juicio la querella por prevaricación de la Fiscalía contra los tres miembros de la Sección. La fiscal Dolores Delgado, que abogó por no posponer la vista, pide condenas que oscilan entre 60 y 14 años de cárcel y multas de entre 414'7 millones de euros (69.000 millones de pesetas) y 12'02 millones de euros (2.000 millones de pesetas) por el transporte de cerca de 10 toneladas de cocaína entre 1998 y 1999.

En la exposición de las cuestiones previas, el presidente de la Sección Cuarta, Carlos Cezón, instó a las partes a que se pronunciaran sobre si consideraban adecuado un aplazamiento del comienzo de la vista debido a la querella interpuesta por la Fiscalía General del Estado contra la Sala por la excarcelación de uno de los procesados, Carlos Ruiz Santamaría, alias Carlos El Negro, que se encuentra en paradero desconocido. Seis abogados se inclinaron por la suspensión alegando que es necesario esperar un pronunciamiento del Tribunal Supremo por si admite a trámite la querella.

Por su parte, 14 abogados más el fiscal pidieron la no suspensión del juicio. El Tribunal invocó la Ley de Enjuiciamiento Criminal para afirmar que la Sala está legalmente constituida, por lo que acordó continuar con el juicio. De los 38 acusados que figuran en el escrito de acusación de la Fiscalía Antidroga sólo comparecieron 37 en la primera sesión del juicio en la Audiencia Nacional, ya que Ruiz Santamaría está fugado. El tribunal declaró en rebeldía a éste y a dos presuntos narcotraficantes más: Mario Espinosa y Francisco Javier Martínez Sanmillán.

José María Stampa Braun, abogado de uno de los procesados, Alfonso León Fernández, para quien el fiscal pide 60 años, la pena más alta junto con la de «Carlos el Negro», solicitó la suspensión del juicio y su aplazamiento «hasta que se pueda asegurar que el proceso se desarrolla con todas las garantías que establece la Constitución Española». Así, pidió el aplazamiento hasta que el Supremo se pronuncie sobre la admisión a trámite de la querella.

Cinco jueces estudian la querella del fiscal
El Tribunal Supremo ha designado como ponente al magistrado de la Sala Segunda Enrique Bacigalupo, al que pide que elabore un informe en el que proponga si procede admitir a trámite la querella presentada por la Fiscalía contra los tres magistrados de la Audiencia Nacional que dejaron en libertad bajo fianza al presunto narcotraficante, que luego se fugó. El Supremo anunció ayer que el tribunal estará formado por cinco miembros y no por tres como suele ser lo habitual en la mayoría de los procedimientos. Señala que «visto que la querella se dirige contra tres magistrados en activo, de una misma Sala, se acuerda que la Sala que ha de resolver sobre la competencia y ulteriores diligencias que puedan presentarse esté constituida por cinco magistrados». Se trata de los magistrados Luis Román Puerta, José Ramón Soriano, Joaquín Delgado, Perfecto Andrés Ibáñez y el ponente Bacigalupo.