El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, se ha dirigido a
todas las fiscalías del país para instarles a que no asistan a
juicios orales en materia penal a través de videoconferencias «por
carecer, hoy por hoy, de las garantías necesarias para el debido
respeto a los derechos fundamentales consagrados en nuestra
Constitución, de cuya defensa es garante». Esa oposición a los
juicios «virtuales» se ha registrado como consecuencia de una
iniciativa al respecto adoptada por el fiscal jefe de Balears,
Antonio de Vicente Tutor, que incidía en los problemas que ocasiona
al actual sistema legislativo la celebración de juicios orales,
especialmente en Menorca y Eivissa.
El fiscal general del Estado afirma que el derecho a un proceso
con todas las garantías, proclamado en el artículo 24.2 de la
Constitución, se ve afectado por la utilización de nuevas
tecnologías para la celebración del juicio oral. Y añade: «No
quiere decir ello que en el futuro vaya a resultar de todo punto
imposible la celebración de juicios orales por medios cibernéticos,
peor ello supondrá en todo caso la existencia de una norma legal
que otorgue la necesaria cobertura al sistema que prevea las
garantías mínimas exigibles».
El pasado mes de diciembre, el director general de Relaciones
con la Administración de Justicia, Carlos Lesmes, y el presidente
del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), Àngel Reigosa,
presentaron el sistema de videoconferencia, que debía permitir la
realización de actuaciones sin necesidad de desplazamientos, con lo
que se iban a agilizar los procedimientos.
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