Fernando Carrillo, presidente a nivel nacional de la Asociación
Unificada de Guardias Civiles (A.U.G.C.), sostuvo ayer en Palma que
la condena a nueve meses de cárcel del guardia mallorquín que no se
presentó al servicio porque estaba enfermo «es una consecuencia de
la injerencia militar» que, según él, se vive en la Benemérita.
Acompañado del secretario general en Balears de la A.U.G.C.,
Joan Miquel Perpinyà, y de Àngel Morales, delegado de la
asociación, Fernando Carrillo opinó que «en este caso, no
deberíamos pedir el indulto, pero no nos queda otra opción porque
le han aplicado el Código Militar» y añadió que la pena que deberá
cumplir el guardia de Sóller en una cárcel de Madrid «es un abuso».
El máximo responsable de esta asociación benemérita contó que se
están recogiendo firmas para apoyar a Vicente Salvador y pidió a la
sociedad balear que se vuelque con su caso «porque es de justicia
hacerlo».
Sobre la situación de los aproximadamente 1.600 guardias civiles
que prestan servicio en el archipiélago, Carrillo denunció que no
existe coordinación con el Cuerpo Nacional de Policía y las
distintas policías locales y manifestó que «no hay archivos
comunes» que puedan facilitar las tareas policiales. Asimismo,
agregó que a la insuficiente plantilla del Cuerpo hay que añadir
una circunstancia adversa: que cerca de 300 agentes están
destinados en tareas que no son propiamente policiales.
Carrillo señaló que hay pequeños cuarteles en zonas rurales que
están cerrando y que un elevado número de guardias se está
trasladando hasta poblaciones mayores, por la comodidad que supone.
Esta tendencia, sin embargo, representa que algunas áreas pueden
quedar desprotegidas, según el presidente de la A.U.G.C.
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