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J.F.M.-P.M.
El propietario de una carnicería de sa Pobla y dos matarifes se enfrentan a una petición fiscal de dos años de cárcel y multa de doce mil euros para cada uno, por un delito contra la salud pública. El fiscal entiende que entre los meses de enero y junio de 2000, los tres acusados son responsables directos de haber sacrificado unas mil ovejas en un matadero ilegal. La carne era después vendida para su consumo. Los sacrificios se llevaban a cabo en una nave situada entre sa Pobla y Alcúdia. El caso fue investigado por la UDYCO del Cuerpo Nacional de Policía de Palma.

El día siete de junio de 2000 se precintó la nave, estando presente personal de la entonces Consellería de Sanitat. En principio se detuvo a cuatro personas, el dueño de una carnicería de sa Pobla, su esposa y dos matarifes, pero después la mujer quedó exculpada. Los policías intervinieron documentación, según la cual la carne se distribuía a distintas empresas y locales de la Isla, y también se vendía en la carnicería del acusado. Parte de la clientela eran ciudadanos magrebíes.

En principio se dijo que, en base a la documentación intervenida, se sacrificaban unos 600 animales cada mes. Pero finalmente, el fiscal aporta la cifra de mil en total, en las fechas citadas. La vista oral está prevista que se celebre hoy en un juzgado de Palma. La existencia del matadero ilegal parece que era conocida por muchas personas en sa Pobla, que habrían advertido al carnicero de su actividad ilegal, asegurando él en distintas ocasiones que legalizaría la situación.