La Audiencia de Palma absuelve a los cuatro acusados en el 'caso Juego'

El «caso Juego» estalló en el mes de mayo de 2000, poco después de que José Oliver Clar, jefe de la Sección de Juego, recibiera una llamada telefónica de una mujer en la que le alertaba de que le estaban siguiendo. El funcionario confirmó la información y denunció su situación ante el Cuerpo Nacional de Policía, que el día 11 de mayo procedió a la detención de Carlos Valencia. El detective había sido contratado, a su vez, por el dueño de la empresa de máquinas recreativas Uninova 2000 porque se sentía discriminado por Oliver Clar a la hora de recibir licencias. Y Martín Gago, a su vez, había optado por espiar al funcionario, según declaró él mismo, a instancias de José Manuel Sierra, el concejal de Cort que por entonces era su abogado. Así las cosas, ese mismo día fue arrestado también Arnaldo Ruiz Jiménez, un investigador que trabaja para Valencia, y al día siguiente Martín Gago. El cuarto de los acusados, Antonio García Pérez, es un funcionario de la Agencia Tributaria que supuestamente pasó información fiscal sobre Oliver Clar al resto de procesados.

En el mes de junio, cuatro años después, se inició el juicio en la Audiencia de Palma y ahora la sentencia ha sido demoledora para la policía, a la que recuerda que el registro en el despacho de Valencia fue ilegal y que, por ende, las pruebas obtenidas eran nulas. Asimismo, los jueces de la Sección Segunda consideran que «tampoco ha quedado probada la existencia de episodio alguno de violencia ejercida sobre José Oliver Clar». En otro punto del fallo se recoge que «no existía causa por delito cuando se detiene a Carlos Valencia y posteriormente consiente la entrada y registro». El investigador no fue visitado por su letrado hasta el día siguiente y aceptó la inspección dos horas después de su detención, cuando sufría claustrofobia y crisis de ansiedad en los calabozos. Martín Gago y Carlos Valencia declararon ayer a este periódico que estaban muy satisfechos con la sentencia «porque por fin se ha hecho justicia» y adelantaron que «ahora nos toca contratacar y estamos estudiando con nuestros abogados denunciar por detención ilegal a los policías que intervinieron».