P. Matas04/01/05 0:00
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Carlos Valencia, investigador privado y una de las cuatro personas absueltas por el llamado «caso juego», ha presentado una querella criminal ante el Juzgado de Instrucción 9 de Palma. Valencia entiende que a raíz de abrirse el «caso juego», ha sido víctima, o han incurrido los querellados en los siguientes delitos: Detención ilegal, secuestro, simulación de delito, denuncia falsa, asociación ilícita, contra las garantías constitucionales, revelación de secretos, tortura, violación del domicilio, omisión de socorro, tráfico de influencias, falsedad documental y falso testimonio.

La querella está dirigida contra un funcionario de la CAIB que era el jefe de la Sección del Juego, un político de Cort (José Manuel Sierra), diez funcionarios del CNP y contra una funcionaria. En la querella se desgrana lo que se entiende fueron actuaciones delictivas de cada una de las trece personas. En total, el querellante imputa un total de 55 delitos, que conllevarían condenas mínimas de cárcel de 135 años, y máximas de 277, y penas de inhabilitación, mínimas de 344 años y máximas de 583. Los hechos que dan lugar a la querella tiene su orígen «en una más que irregular detención» de Carlos Valencia.

A lo largo de 66 folios se escribe sobre intereses creados en el juego en Balears, dando a entender que fueron los que propiciaron la detención del querellante. Tras presentar la querella Valencia ha entregado una copia al delegado del Gobierno en Balears, adjuntando un escrito en el que señala que «cuando se iniciaron los hechos denunciados ahora fui amenazado de muerte de manera anónima sin que esa denuncia mereciera la más mínima investigación. Ante la posibilidad de que esas amenazas se volvieran a repetir ahora, le ruego ordene que se adopten las medidas oportunas a fin de proteger mi vida y mis bienes».