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Los representantes legales de la Generalitat de Catalunya han pedido a la juez que investiga el hundimiento del túnel del barrio del Carmel de Barcelona que no «estigmatice» a los imputados porque «no es cierto en absoluto» que «se pusiera en peligro» la «vida de las personas».

Estas manifestaciones se encuentran en un escrito presentado en el Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona en el que pide que no se abran diligencias por un delito de estragos, que conlleva penas de hasta cuatro años de cárcel. La juez abrió diligencias por delitos de daños y estragos. El recurso presentado por la Generalitat pide a la juez que admita la querella sólo por el delito de daños por imprudencia.

Para basar su petición, el escrito señala que el delito de estragos implica que se ponga en peligro la vida de las personas, lo que, en su opinión no sucedió. En la querella admitida a trámite se afirmaba que «se había puesto en peligro la vida o integridad física de todos los habitantes de la zona afectada». Además, según los representantes legales de la administración catalana, «en los días inmediatamente anteriores» al hundimiento «no se hizo servir ningún tipo de explosivo en la zona», como afirman los querellantes.